(Buenos Aires; SN).- La tensión política y social en torno a la propuesta de Reforma Laboral impulsada por el oficialismo se intensifica. En respuesta al proyecto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para este jueves, que se llevará a cabo en simultáneo con una movilización, manifestando su rechazo a la iniciativa.
La medida de fuerza busca frenar una reforma que, según críticos y hasta de algunos de sus propios redactores, no garantiza la creación de empleo genuino y podría significar un duro golpe a los derechos de los trabajadores.
Dudas de los redactores y advertencias judiciales
En una reveladora declaración, el abogado laboralista Julián de Diego, uno de los redactores del borrador de la reforma, reconoció abiertamente que el proyecto no será un motor de crecimiento en el empleo registrado por sí mismo.
"Si no hay una etapa de crecimiento económico sustentable, no hay inversiones ni generación de empleo", remarcó De Diego, desvinculando la generación de puestos de trabajo de la mera desregulación laboral.
A esta advertencia se suma una contundente señal desde el máximo tribunal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, puso el foco en la posibilidad de que la reforma sea frenada por la vía judicial.
"Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad", sostuvo Rosatti, indicando que el tratamiento de la ley, una vez promulgada, podría demorarse por "meses o años" debido a fallos judiciales.
Críticas por la pérdida de derechos y despidos “gratis”
Desde el ámbito gremial y legal, la crítica se centra en el impacto negativo sobre los derechos laborales. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, fue categórico al señalar la falta de evidencia internacional que respalde la eficacia de estas medidas.
“No existen antecedentes en el mundo que demuestren que iniciativas como la reforma laboral generen empleo. Lo único que va a hacer esta reforma es que se pierdan derechos”, afirmó Cremonte.
En el Congreso, la oposición también endurece su postura. El senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) aseguró que su bloque no convalidará un tratamiento "exprés" del proyecto. El legislador acusó al gobierno de buscar desfinanciar al sistema de seguridad social para abaratar el costo del despido.
“Lo que va a hacer esta reforma es, en los hechos, hacer gratis los despidos. De acá en más, cualquier empresario va a tener los despidos pagados con la plata de los jubilados”, sentenció Recalde.
El Contexto de la Crisis de Empleo
El debate se da en un contexto económico recesivo producido por el brutal ajuste contínuo del gobierno nacional y la sostenida inflación, que ya muestra un fuerte impacto en el mercado laboral. De acuerdo con datos oficiales del Indec, durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se registró la pérdida de al menos 126.000 puestos de trabajo en el sector industrial.
