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(SN; con información de NA) El gobierno de Javier Milei atraviesa una nueva encrucijada política: para sostener una Reforma Laboral que nació cuestionada, ahora evalúa compensar económicamente a los gobernadores que se niegan a avalar los puntos más regresivos del proyecto. En lugar de revisar los errores propios, la Casa Rosada parece dispuesta a repartir beneficios a medida con tal de obtener votos en el Congreso.
El mayor conflicto gira en torno a la modificación del Impuesto a las Ganancias, un cambio que recorta de forma directa los ingresos de las provincias. Aun así, el Ejecutivo insiste en presentar la reforma como un “beneficio” general, mientras su propio bloque admite por lo bajo que la resistencia provincial es legítima y que deberán “pagar el precio” para revertirla.
La discusión se trasladará a la mesa política que encabezará Manuel Adorni, donde se debate qué tipo de compensación podría calmar a cada mandatario. Para algunos sectores del oficialismo, la solución pasa por “resolver caso por caso”, es decir, por un toma y daca clásico que contradice el discurso de pureza y austeridad que el gobierno proclama públicamente. Otros, aferrados a la narrativa oficial, rechazan cualquier concesión y exigen que los gobernadores “se alineen” sin pedir nada a cambio.
En medio del conflicto, el ministro de Economía, Luis Caputo, observa con atención: cualquier concesión implicaría admitir que la Reforma Laboral afectará a las provincias más de lo que el Gobierno quiere reconocer, complicando aún más el ya frágil esquema fiscal del que presume.
Mientras tanto, el círculo político de confianza de Milei —Martín Menem, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt— intenta acoplar una estrategia para sumar un nuevo triunfo legislativo a como dé lugar. Lejos de un debate democrático, el Gobierno apuesta a la presión, el intercambio de favores y la improvisación, revelando que la “casta” que prometían combatir está hoy más viva que nunca dentro de la propia Casa Rosada.
