(Buenos Aires; SN) La Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la millonaria condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Javier Milei utilizó el fallo para atacar al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había responsabilizado al Estado argentino por más de 16.000 millones de dólares.
El tribunal también ratificó que YPF no debía ser considerada responsable en el proceso de estatización llevado adelante en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, el caso aún podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Mientras tanto, Milei celebró el fallo como un logro propio y lo utilizó para profundizar la confrontación política. Durante un acto oficial, el mandatario lanzó una serie de descalificaciones contra Kicillof, a quien responsabilizó por el origen del conflicto judicial.
“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”, afirmó el Presidente, antes de arremeter con insultos contra el actual gobernador bonaerense, a quien acusó por la estrategia adoptada durante la estatización de la petrolera.
El proceso judicial se originó tras la nacionalización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. La medida fue impulsada por el Congreso a través de la Ley 26.741, en el marco de una política de recuperación del control de los recursos energéticos.
Sin embargo, el conflicto tiene raíces más profundas: el estatuto de la empresa, redactado en los años 90 durante la privatización impulsada por Carlos Menem, incluía una cláusula que obligaba a realizar una oferta pública a todos los accionistas en caso de tomar el control de la compañía.
Ese punto fue el eje de la demanda iniciada en 2015 por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de empresas del Grupo Petersen, afectadas tras la expropiación.
En 2023, la jueza Preska había fallado contra la Argentina al considerar que el país incumplió ese estatuto, fijando una indemnización de más de 16.000 millones de dólares. Sin embargo, ahora la Cámara de Apelaciones anuló esa decisión y ordenó revisar el proceso.
Pese al resultado favorable para el país, la reacción del Presidente volvió a poner el foco en el tono confrontativo de su gestión, en lugar de abrir una instancia de análisis más amplia sobre un conflicto judicial que se arrastra desde hace más de una década.
