SN
(Alta Gracia; SN) Las recientes declaraciones del diputado nacional Rodrigo de Loredo sobre la posibilidad de elevar la edad jubilatoria de la Policía de Córdoba para aumentar la cantidad de efectivos en actividad generaron debate político y también cuestionamientos desde el ámbito técnico y laboral.
El tema fue abordado en el programa Juntos a la Par, conducido por Marcelo Pez en Siempre Radio, donde el abogado laboralista Eugenio Biafore analizó el régimen previsional policial y planteó reparos a la propuesta del dirigente radical.
De Loredo había vinculado la crisis de seguridad con el sistema jubilatorio policial y sostuvo que elevando la edad de retiro “habría entre 4 y 5 mil policías más en la calle”.
Consultado sobre el tema, Biafore explicó que el régimen policial cordobés no funciona bajo el mismo esquema que una jubilación tradicional, sino mediante un sistema especial de retiro voluntario contemplado dentro de la ley previsional provincial.
“El retiro no es una jubilación común. Funciona principalmente por años de servicio y no tanto por edad”, señaló el abogado durante la entrevista.
Según detalló, los efectivos pueden acceder al retiro tras cumplir entre 22 y 25 años de servicio, dependiendo del rango y la función desempeñada. Esto implica que muchos policías llegan a esa instancia siendo todavía personas jóvenes.
Sin embargo, el especialista sostuvo que el debate no puede reducirse únicamente a una cuestión numérica vinculada a la seguridad. En ese sentido, advirtió sobre el desgaste emocional, psicológico y físico que implica la tarea policial.
“Hay que discutir si esas personas están en condiciones de seguir trabajando hasta los 60 o 65 años portando armas y estando en el centro del conflicto social”
Biafore remarcó además que existen actividades consideradas insalubres o de alta exigencia mental que en distintos países cuentan con regímenes especiales justamente por el impacto que generan sobre la salud de los trabajadores.
Durante la entrevista también mencionó la creciente cantidad de carpetas médicas por motivos psicológicos y psiquiátricos dentro del empleo público, particularmente en áreas sensibles como educación, salud y fuerzas de seguridad.
“Muchas veces hay prejuicios sobre el empleo público, pero hay trabajadores profundamente afectados por las condiciones laborales que atraviesan”, afirmó.
Finalmente, el abogado consideró que el debate sobre seguridad debe contemplar no solo la cantidad de efectivos disponibles sino también las condiciones humanas y laborales de quienes integran las fuerzas, “La seguridad no se resuelve exprimiendo policías”.
