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(Buenos Aires; SN) – Manuel Adorni tendrá 15 días para explicar ante la Justicia cómo financió el crecimiento patrimonial que registró desde su llegada al Gobierno de Javier Milei. La intimación alcanza también a los bienes y movimientos económicos de su esposa, Bettina Angeletti.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de 207 páginas ante el juzgado de Ariel Lijo. El documento enumera 20 puntos que el exjefe de Gabinete deberá aclarar, entre ellos el origen de dólares declarados, distintas operaciones inmobiliarias y la trazabilidad del dinero utilizado.
El análisis detectó incrementos, adquisiciones y desembolsos que hasta el momento no encuentran una explicación suficiente al ser comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.
El período investigado comienza el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y termina el 27 de junio de 2026, fecha de su renuncia a la Jefatura de Gabinete.
La intimación exige justificar “la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge”.
El requerimiento se apoya en un informe técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. El organismo reconstruyó los ingresos, gastos, compras y movimientos financieros del matrimonio.
La Justicia ya había levantado el secreto fiscal de Adorni y Angeletti para investigar cinco propiedades y determinar si las adquisiciones realizadas durante la gestión guardaban relación con sus ingresos declarados. También quedaron bajo análisis diferentes préstamos presentados como parte del financiamiento de los inmuebles.
Hasta el momento, la defensa del exfuncionario, encabezada por el abogado Matías Ledesma, no presentó documentación destinada a justificar el crecimiento patrimonial.
Adorni había evitado responder públicamente sobre sus bienes con el argumento de que solamente daría explicaciones ante la Justicia. Especialistas en derecho constitucional señalaron entonces que no existía ningún impedimento legal para que aclarara su situación ante la sociedad.
Una vez presentada la respuesta, la fiscalía evaluará si la documentación permite justificar los movimientos cuestionados. Si las explicaciones son consideradas insuficientes, Pollicita podrá solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
La decisión final de convocarlo como acusado corresponde al juez Ariel Lijo.
La intimación no implica una condena ni una imputación definitiva, pero representa un avance decisivo en el expediente: por primera vez, Adorni deberá respaldar con documentación el origen de los fondos que utilizó durante su paso por el Gobierno.
La causa alcanza a uno de los principales dirigentes de una administración que convirtió la denuncia contra la “casta” y la defensa de la honestidad pública en ejes centrales de su discurso. Adorni dejó el Gabinete en medio de la investigación y ahora deberá explicar ante la Justicia un crecimiento patrimonial que, para la fiscalía, todavía no cierra.
