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(Buenos Aires; SN).- Sea Lion es el proyecto petrolero con el que dos compañías extranjeras pretenden comenzar a explotar los recursos naturales de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. La iniciativa carece de autorización argentina y avanza mediante licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas de ocupación.
El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago. Fue descubierto en 2010 por la compañía británica Rockhopper Exploration, que actualmente conserva una participación del 35%.
El 65% restante pertenece a Navitas Petroleum, empresa israelí que además quedó a cargo de la operación. Ambas compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y comenzaron a cerrar los contratos y el financiamiento necesarios para poner el yacimiento en producción.
La primera etapa de Sea Lion demandaría US$1.800 millones hasta la obtención del primer barril y alrededor de US$2.100 millones hasta completar el desarrollo inicial.
Esta fase apunta a recuperar unos 170 millones de barriles, con una producción máxima estimada en alrededor de 50.000 barriles diarios. Una segunda etapa permitiría extraer otros 149 millones de barriles.
Sin embargo, el potencial económico es todavía mayor. Los estudios difundidos por Rockhopper calculan que el yacimiento completo contiene recursos por unos 917 millones de barriles, aunque gran parte permanece clasificada como pendiente de desarrollo.
Las licencias concedidas por la administración británica contemplan un período de explotación de 35 años, que podría extenderse si la producción requiere más tiempo. Los datos fueron informados por la propia Rockhopper al comunicar la decisión final de inversión.
El cronograma de las petroleras prevé iniciar las perforaciones a comienzos de 2027 y obtener el primer petróleo durante el primer trimestre de 2028. Las obras de infraestructura ya incluyen la preparación de un muelle, una base terrestre y alojamientos para el personal. También comenzó el traslado y acondicionamiento del buque que será utilizado para procesar y almacenar el crudo.
Sea Lion no representa solamente un negocio para Rockhopper y Navitas. Una parte de los ingresos producidos por la extracción de petróleo argentino quedaría en manos de la administración colonial británica instalada en las islas.
El régimen fiscal impuesto por las autoridades de ocupación establece una regalía equivalente al 9% del valor del petróleo extraído y un impuesto del 26% sobre las ganancias de las empresas.
De concretarse el proyecto, la explotación de un recurso natural no renovable permitiría sostener durante décadas los ingresos de la estructura política y administrativa británica en Malvinas. En otras palabras, parte de la riqueza obtenida del subsuelo argentino terminaría financiando la continuidad de la ocupación.
La propia administración colonial presenta su régimen fiscal petrolero como una herramienta para atraer nuevas inversiones y ampliar la explotación de hidrocarburos en la zona.
La República Argentina no reconoce las licencias concedidas por las autoridades británicas ni acepta que otra jurisdicción pueda autorizar actividades económicas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos.
La Resolución 2065 de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones. Otras resoluciones también reclaman que las partes eviten introducir modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente la controversia.
La explotación petrolera impulsada por las empresas constituye precisamente una modificación unilateral: extraería de manera irreversible recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa por la ocupación británica.
Además, la legislación argentina prohíbe realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional. Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en el país durante 20 años, mientras que Navitas recibió una sanción equivalente en 2022.
En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó formalmente el avance de Sea Lion y advirtió que las compañías, sus proveedores, entidades financieras y aseguradoras podrían enfrentar medidas administrativas, judiciales y comerciales.
El avance material del proyecto obligó al gobierno de Javier Milei a endurecer su posición. El Presidente anunció sanciones contra las petroleras y reglamentó mediante el Decreto 868/2026 el procedimiento previsto por la Ley 26.659, impulsada en 2011 por Fernando “Pino” Solanas.
La medida puso a Cancillería al frente del régimen sancionatorio, redujo los plazos administrativos y estableció restricciones para que las empresas vinculadas con la explotación ilegal no puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
El giro contrasta con los elogios públicos de Milei a Margaret Thatcher y con sus anteriores referencias al principio de autodeterminación, argumento empleado históricamente por el Reino Unido para sostener su presencia en las islas.
Mientras tanto, Rockhopper y Navitas minimizaron las posibles sanciones y aseguraron que los anuncios argentinos no modificarán el cronograma. Ambas compañías ratificaron que cuentan con el respaldo británico y mantienen el objetivo de comenzar a producir en 2028.
Sea Lion es, por lo tanto, mucho más que un emprendimiento comercial: se trata de un proyecto destinado a extraer durante décadas petróleo argentino, enriquecer a dos compañías extranjeras y alimentar con regalías e impuestos la administración colonial que sostiene la ocupación británica de las Islas Malvinas.
