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(Buenos Aires; SN) La situación judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas para investigar la facturación de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en el marco de una causa que analiza posibles retornos económicos a través de servicios privados de consultoría contratados por empresas con negocios con el Estado nacional.
La investigación se desprende del denominado “Adorni-Gate”, un expediente paralelo al de presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar cómo la pareja habría incrementado de manera significativa su patrimonio y nivel de vida durante los últimos dos años.
En ese contexto, Lijo requirió información a las empresas National Shipping, Foggia Company y Grupo Datco, todas mencionadas como clientes de “Mas Be”, la consultora de coaching organizacional que dirige Angeletti. El magistrado pidió detalles sobre los servicios prestados, montos facturados y características de las contrataciones.
La denuncia original fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien planteó sospechas sobre un posible esquema de retornos encubiertos bajo la apariencia de servicios de consultoría. Según la presentación judicial, las firmas que contrataron a la esposa de Adorni mantienen vínculos contractuales con organismos estatales que dependen o están bajo influencia política de la Jefatura de Gabinete.
La investigación también apunta a establecer si existió conflicto de intereses. Por eso, Lijo solicitó a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe si las empresas involucradas son proveedoras habituales del Estado y cuáles fueron las adjudicaciones recibidas en los últimos años. Además, pidió datos a la Inspección General de Justicia para identificar beneficiarios finales y composición societaria.
Uno de los focos principales está puesto sobre Foggia Group, una empresa vinculada a la producción de eventos y espectáculos que tuvo participación en actos políticos y presentaciones de Javier Milei tanto en campaña como durante su gestión presidencial. La firma aparece además relacionada con una polémica licitación en Tecnópolis que terminó envuelta en denuncias y cuestionamientos.
La causa también analiza las relaciones entre empresarios del sector y personas cercanas a Karina Milei. Según trascendió, integrantes de Foggia tendrían conexiones con asesores de Presidencia y contratos en espacios estatales como el ex Centro Cultural Kirchner, hoy denominado Palacio Libertad.
Otro de los nombres bajo análisis es el Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a organismos públicos como ARCA, AySA, Banco Nación, Banco Central y Aerolíneas Argentinas, entre otros. La Justicia busca determinar si existieron incompatibilidades o beneficios cruzados en la contratación de Angeletti.
En paralelo, también quedó bajo la lupa National Shipping, una compañía ligada al transporte de combustibles y con históricos contratos con YPF. La situación adquiere especial sensibilidad porque Adorni fue designado recientemente como director titular de la petrolera estatal en representación del Estado nacional.
Mientras avanza la investigación judicial, el expediente suma presión política sobre el entorno del jefe de Gabinete y abre nuevos interrogantes sobre posibles vínculos entre contratistas estatales y negocios privados ligados al círculo más cercano del Gobierno nacional.
