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(Córdoba; SN) Organizaciones que integran la Asamblea Ni Una Menos Córdoba presentaron un pedido formal de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, a quien responsabilizan por presuntas irregularidades durante la investigación por la desaparición y el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en la capital provincial.
La presentación fue realizada este lunes en la antesala de una nueva movilización por el Ni Una Menos y apunta al desempeño del fiscal durante los días en que la joven permaneció desaparecida.
Entre los cuestionamientos, las organizaciones sostienen que no se activaron con la rapidez necesaria los protocolos de búsqueda previstos para estos casos y que hubo demoras en medidas investigativas consideradas clave para avanzar sobre el principal sospechoso, Claudio Barrelier, actualmente detenido e imputado por el crimen.
El planteo también cuestiona la actuación pública posterior del fiscal, especialmente luego de la conferencia de prensa en la que defendió el operativo de búsqueda realizado por las autoridades.
Durante la presentación, referentes de la Asamblea Ni Una Menos señalaron que las demoras registradas durante la investigación pudieron afectar el esclarecimiento de los hechos y reclamaron una revisión integral de las actuaciones judiciales y policiales desarrolladas desde la denuncia de desaparición de la adolescente.
Además del pedido de jury contra Garzón, las organizaciones exigieron la destitución del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, al considerar que existieron fallas en la respuesta estatal durante los días en que la familia reclamaba la búsqueda de la joven.
El caso de Agostina Vega generó una fuerte conmoción en Córdoba y renovó los cuestionamientos sobre la respuesta de la Justicia y de los organismos de seguridad frente a denuncias de desaparición de mujeres y adolescentes.
La movilización convocada para este miércoles por Ni Una Menos tendrá entre sus principales consignas el reclamo de justicia por Agostina y el pedido de sanciones para los funcionarios señalados por las organizaciones feministas.
