Alta Gracia: el paro docente alcanzó el 75% de adhesión, en línea con el promedio provincial

Entre siete y ocho de cada diez docentes adhirieron a la medida en la ciudad. La UEPC informó un acatamiento del 75% en toda Córdoba y marchó contra el ajuste y el desfinanciamiento educativo.
Sociedad03 de agosto de 2026SNSN
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(Alta Gracia; SN) – El paro nacional docente tuvo este lunes una adhesión de entre el 70 y el 75 por ciento en Alta Gracia, un nivel prácticamente idéntico al promedio informado para toda la provincia de Córdoba.

De acuerdo con datos relevados por Sumario Noticias en establecimientos de la ciudad, entre siete y ocho de cada diez docentes se sumaron a la medida de fuerza. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), por su parte, estimó un acatamiento provincial del 75 por ciento.

La huelga afectó el normal dictado de clases en los niveles inicial, primario y secundario, aunque la situación varió según la cantidad de trabajadores que adhirieron en cada escuela.

El dato local muestra que el reclamo tuvo en Alta Gracia una fuerza similar a la registrada en el conjunto del territorio cordobés.

Una protesta con alcance provincial

La UEPC concentró este lunes a las 11 en Plaza España, en la ciudad de Córdoba, con la participación de docentes provenientes de diferentes puntos de la provincia.

La movilización se realizó bajo la consigna de frenar el “ajuste y desfinanciamiento” de la educación pública. El sindicato reclama la apertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una recomposición salarial.

También exige una nueva ley de financiamiento educativo y mayores partidas para infraestructura escolar, comedores y becas.

La medida fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se extendió durante 24 horas en todo el país.

Salarios y fondos eliminados

Uno de los principales puntos del conflicto es la eliminación del FONID, un componente salarial financiado por la Nación que representaba entre el 10 y el 15 por ciento de los ingresos docentes.

CTERA denunció que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reducir su participación en el financiamiento del sistema educativo.

La organización sindical también rechazó el proyecto denominado Ley de Libertad Educativa y las posibles modificaciones al régimen jubilatorio docente. Según los gremios, estas iniciativas profundizarían la desigualdad y recortarían derechos laborales y previsionales.

La última reunión paritaria nacional se realizó en abril. El Gobierno ofreció establecer un salario mínimo de 650.000 pesos para abril y 700.000 para mayo, pero la propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente.

El 75% que divide al Gobierno y los gremios

El porcentaje adquirió además un significado político particular. Mientras la UEPC informó que el 75 por ciento de los docentes cordobeses adhirió al paro, el Gobierno nacional pretende que las escuelas garanticen precisamente un 75 por ciento de prestación mínima durante las huelgas.

La exigencia surge de la Ley 27.802, que declaró a la educación como un servicio esencial. A partir de esa normativa, el Ministerio de Capital Humano anunció inspecciones muestrales en establecimientos de todo el país.

La Secretaría de Trabajo comenzó este lunes los primeros controles para verificar el cumplimiento del servicio mínimo y anticipó que podría aplicar sanciones económicas contra los sindicatos.

Hasta el momento de esta publicación no se había informado oficialmente sobre inspecciones nacionales en escuelas de Alta Gracia.

UEPC rechazó los controles nacionales

La UEPC calificó las inspecciones como un intento de restringir el derecho constitucional a la huelga y sostuvo que el Ministerio de Capital Humano no tiene facultades para controlar establecimientos dependientes de la Provincia.

“La educación es una competencia propia de la Provincia y los docentes mantienen una relación laboral regida por las autoridades provinciales”, expresó el sindicato.

El gremio también recordó que la Organización Internacional del Trabajo no considera, en términos generales, que la educación constituya un servicio esencial cuya interrupción ponga en riesgo la vida o la seguridad de la población.

“Ninguna amenaza ni intento de intimidación podrá sustituir el diálogo paritario”, señaló la UEPC en su comunicado. 

El Gobierno nacional sostiene, en cambio, que los controles buscan garantizar el derecho de los estudiantes a recibir clases y brindar previsibilidad a las familias.

El primer balance de la jornada exhibió una adhesión elevada tanto en Alta Gracia como en el resto de Córdoba. Frente al intento oficial de reducir el impacto de la huelga mediante inspecciones y sanciones, el 75 por ciento de acatamiento provincial mostró la magnitud del conflicto educativo.

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