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(Alta Gracia; SN) – La eliminación del capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros no terminó con las objeciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El economista y profesor universitario Eduardo González Olguín advirtió que el resto de la iniciativa conserva modificaciones perjudiciales para sectores vulnerables, el ambiente y la capacidad de intervención del Estado.
Durante su columna semanal en Juntos a la Par, programa conducido por Marcelo Páez en Siempre Radio, González Olguín analizó el texto que el Senado tenía previsto debatir este jueves.
El oficialismo retiró el capítulo referido a la extranjerización después de comprobar que no reunía los votos necesarios. De esta manera, continuará vigente el límite del 15% establecido por la Ley 26.737 para la titularidad extranjera de tierras rurales.
Sin embargo, la conducción de La Libertad Avanza aclaró que la decisión no implica abandonar definitivamente la reforma, sino continuar buscando acuerdos para tratarla en otro momento.
“He visto una especie de euforia diciendo que se cayó el capítulo de la extranjerización. Pero esta gente no tiene problema en sacar un tema o un capítulo y después hacer que aparezca en otro proyecto que no tiene nada que ver. Entonces, ojo con ese tipo de cosas”, sostuvo González Olguín.
El economista cuestionó el argumento oficial según el cual la propiedad extranjera de la tierra no representa necesariamente una pérdida de soberanía.
Como ejemplo, mencionó las restricciones para acceder al Lago Escondido, en Río Negro, cuyos terrenos circundantes pertenecen al empresario británico Joe Lewis. También señaló que diferentes países considerados referentes por el Gobierno mantienen límites para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.
“Todos los países que generalmente se tienen como paradigmáticos cuentan con prohibiciones o restricciones serias a la propiedad extranjera de la tierra porque, sí señor, afecta la soberanía”, afirmó.
González Olguín también cuestionó las distintas alternativas que el oficialismo evaluó antes de retirar el capítulo. Una de ellas proponía elevar el límite de extranjerización y medirlo sobre la totalidad de cada provincia, en lugar de mantener controles sobre superficies territoriales menores.
“Si se toma el 20% de la provincia de Córdoba, podría venir una empresa norteamericana y comprar todo el departamento San Justo sin infringir la ley. Hay muchos pormenores que realmente hacen a esta discusión”, explicó.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites nacionales, provinciales y departamentales o municipales para la titularidad extranjera de tierras rurales.
Aunque el apartado sobre tierras rurales fue retirado, el proyecto conserva cambios en los procedimientos de desalojo. La iniciativa habilita un mecanismo anticipado cuando una persona propietaria acredita su derecho sobre un inmueble y la Justicia considera suficiente la documentación presentada.
González Olguín advirtió que una aplicación acelerada puede afectar especialmente a comunidades campesinas, pueblos originarios y familias que ocupan terrenos desde hace generaciones, pero no cuentan con títulos dominiales completos.
“Hay muchas hectáreas que tienen títulos precarios, fundamentalmente en manos de pueblos originarios. Si se vota esta ley, esas comunidades pueden quedar sin protección legal frente a quienes pretendan avanzar sobre esos territorios”, manifestó.
El economista también reclamó conservar las garantías destinadas a hogares donde viven niños, personas con discapacidad u otros integrantes en situaciones de vulnerabilidad.
Para González Olguín, acelerar los procedimientos sin resolver previamente los conflictos sobre la posesión puede convertir la protección de la propiedad privada en una herramienta para profundizar desigualdades históricas.
Otro de los ejes cuestionados es la modificación del régimen de expropiaciones. El proyecto establece mayores exigencias para justificar la declaración de utilidad pública y modifica los criterios para calcular las indemnizaciones.
“Una expropiación puede generar un beneficio para el conjunto de la sociedad. Si se aprueba este proyecto, declarar una propiedad de utilidad pública será mucho más difícil y costoso para el Estado”, señaló.
La iniciativa también propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente impide durante décadas modificar el destino de superficies afectadas por incendios para evitar que el fuego sea utilizado como mecanismo de especulación inmobiliaria o productiva.
El texto debatido elimina restricciones sobre el cambio de uso de determinados terrenos rurales incendiados. Organizaciones ambientalistas advierten que la modificación podría aumentar el interés económico sobre superficies afectadas por el fuego.
“La restricción se estableció porque comenzaron a verse grandes incendios y, después, emprendimientos rurales o urbanos sobre esos terrenos. Con muy buen criterio se resolvió que, después de una quema, durante años no pudiera modificarse su utilización”, recordó González Olguín.
La Ley 27.604 establece actualmente períodos de protección diferenciados para bosques, humedales, áreas naturales y terrenos rurales afectados por incendios.
González Olguín cuestionó que el proyecto reúna en una misma iniciativa reformas sobre extranjerización, desalojos, expropiaciones, regularización dominial y manejo del fuego.
A su entender, esa diversidad dificulta el seguimiento legislativo y permite presentar la eliminación de un capítulo como una concesión, mientras continúan vigentes otras modificaciones controvertidas.
“Es una ley que no solamente atenta contra la soberanía, sino también contra cuestiones sociales, por los desalojos, y contra las precauciones ambientales sobre las tierras incendiadas”, resumió.
Por ese motivo, el economista afirmó que no resulta suficiente retirar el apartado que flexibilizaba la compra de tierras por parte de extranjeros.
“Lo importante, dada la gran cantidad de temas que tiene esta ley, todos nefastos, es que se rechace el conjunto. Cualquier parte que quede de esta ley va a ser perjudicial para la sociedad argentina”, concluyó González Olguín en su columna semanal de Siempre Radio 93.3.
