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(Buenos Aires; SN) – La diputada cordobesa Natalia de la Sota y el legislador Juan Marino presentaron un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad.
La iniciativa cuenta con el respaldo de integrantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis.
Reúne las firmas de otros 54 diputados. En total, la presentación cuenta con el respaldo de 56 legisladores pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Primero San Luis.
Entre los firmantes aparecen Germán Martínez, Gisela Scaglia, Oscar Herrera Aguad, Nicolás del Caño, Martín Lousteau, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Pablo Yedlin.
La representación cordobesa incluye, además de De la Sota, a Nicolás Massot, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Juan Fernando Brügge. El respaldo de legisladores de diferentes espacios constituye uno de los principales argumentos de los impulsores para acelerar su tratamiento antes del vencimiento de la emergencia.
El texto está compuesto por tres artículos. El primero extiende durante un año la emergencia declarada por la Ley 27.793. El segundo establece que sus disposiciones deberán aplicarse desde el 1.º de enero de 2027, incluso si la promulgación se produce después de esa fecha. El tercero ordena comunicar la norma al Poder Ejecutivo.
El mecanismo busca impedir que se produzca un vacío legal entre el vencimiento de la emergencia vigente, previsto para el 31 de diciembre de 2026, y la eventual sanción de su prórroga.
La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el final de 2026 y autorizó expresamente al Congreso a prorrogarla durante un año más.
La norma establece medidas para garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, actualizar los aranceles de los prestadores, cancelar deudas, sostener tratamientos y proteger el acceso a la salud, la educación, la rehabilitación, el trabajo y la protección social.
También determina que la Pensión no Contributiva por Discapacidad equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo y puede ser compatible con un trabajo registrado cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos.
La ley faculta, además, al jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar su aplicación, sin reducir partidas destinadas a servicios sociales.
La prórroga no modifica esos puntos. Solamente extiende durante 2027 la vigencia temporal de la emergencia y conserva todos sus efectos.
La emergencia atravesó un extenso conflicto entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei.
La norma fue aprobada inicialmente en julio de 2025, pero el Presidente la vetó en su totalidad. La Cámara de Diputados rechazó el veto el 20 de agosto y el Senado hizo lo mismo el 4 de septiembre, con 63 votos afirmativos y siete negativos.
El Poder Ejecutivo promulgó entonces la ley, aunque intentó suspender su ejecución hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue cuestionada judicialmente.
En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y ordenó aplicar inmediatamente la emergencia. El Gobierno apeló la sentencia, pero finalmente reglamentó la ley mediante el Decreto 84/2026, publicado el 4 de febrero.
El propio decreto reconoció que la reglamentación se dictó después de una intimación judicial y aclaró que el Estado nacional mantenía sus recursos contra el fallo.
Los autores del nuevo proyecto argumentaron que estos conflictos redujeron el período de aplicación efectiva de la emergencia. Por ese motivo plantearon que dejarla vencer al finalizar 2026 significaría interrumpir una protección que comenzó a implementarse varios meses después de su sanción.
En los fundamentos de la iniciativa, De la Sota y Marino advirtieron sobre atrasos en los pagos del programa Incluir Salud y el riesgo de cierre de transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares.
También señalaron dificultades en la entrega de medicamentos y pañales, junto con interrupciones de tratamientos, terapias y trayectorias escolares.
El proyecto sostiene que más de 200.000 personas con discapacidad esperan la resolución de una pensión. Para respaldar esa afirmación, cita el Informe 145 presentado por la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados en abril de 2026.
Según los legisladores, el Poder Ejecutivo reconoció en ese documento que desde el comienzo de la gestión había otorgado 2.995 nuevas pensiones.
Los fundamentos también cuestionan las auditorías aplicadas sobre los beneficios y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad. A finales de 2025, el Gobierno transfirió las funciones de la Andis a la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
Las autoridades nacionales sostuvieron que la reorganización garantizaría la continuidad de los servicios. Las organizaciones y los legisladores que impulsan la prórroga consideran, en cambio, que el cambio institucional complicó y demoró el acceso a trámites y derechos.
De la Sota afirmó que las personas con discapacidad y sus familias constituyen uno de los sectores más perjudicados por las políticas del Gobierno nacional.
Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad de Diputados, explicó que la iniciativa responde a un reclamo de organizaciones, familiares, prestadores, docentes y transportistas.
“El tiempo apremia”, sostuvo el legislador. La emergencia vence el 31 de diciembre y el período de sesiones ordinarias del Congreso termina el 30 de noviembre.
La presentación reúne firmas de sectores del peronismo, el radicalismo, la izquierda, fuerzas provinciales y bloques federales. El respaldo transversal busca repetir el acuerdo que permitió rechazar el veto presidencial durante 2025.
El ingreso del proyecto constituye el primer paso del trámite legislativo. La iniciativa deberá ser tratada en comisión y conseguir la aprobación de ambas cámaras para extender la emergencia durante 2027.
