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(Anisacate; SN).- La Municipalidad de Anisacate proyecta nuevos aumentos en las tasas y servicios para 2027, en un escenario en el que, según los cálculos del bloque opositor Unidos por Anisacate, los tributos municipales acumulan incrementos del 951% desde el inicio de la actual gestión, frente a una inflación estimada del 260% durante el mismo período. El servicio de agua, por su parte, habría multiplicado su valor por 27.
En el marco del tratamiento del Presupuesto y la Tarifaria 2027, los concejales Matías Cuello, Natalia Galiano y José Carrizo presentaron una serie de modificaciones que -argumentan- apuntan a limitar los incrementos, eliminar determinados cargos y exigir mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.
La propuesta oficial -que la intendenta Natalia Contini ha difundido profusamente- contempla mantener el valor de la tasa inmobiliaria para quienes abonen la totalidad del año durante enero, pero establece un incremento del 20% desde febrero para el resto de los contribuyentes.
Frente a esta disposición, el bloque opositor propuso eliminar la suba y establecer un mecanismo de actualización vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Después de aumentos que estuvieron muy por encima de la inflación, el Municipio vuelve a trasladarles a los vecinos el costo de sus decisiones. Necesitamos tasas justas y aumentos previsibles, que acompañen la inflación y permitan a las familias organizar su economía”, sostuvo Cuello.
Entre las modificaciones solicitadas aparece la eliminación del cobro de $300.000 por la apertura de expedientes para limpieza y cerramiento de terrenos.
También se propone revisar los importes correspondientes a permisos de construcción, suprimir el adicional del 10% del OIM y recuperar la bonificación de diciembre para los contribuyentes cumplidores.
“Si alguien tiene que limpiar o cerrar su terreno, no podemos empezar cobrándole $300.000 solamente por abrir un expediente. Es sumar una carga más a alguien que ya tiene que afrontar los costos de hacer ese trabajo”, argumentó Cuello.
El proyecto de Presupuesto municipal para 2027 supera los $20.200 millones y contiene partidas cuya distribución despertó cuestionamientos entre los concejales opositores.
Una de las comparaciones planteadas por Unidos por Anisacate involucra los recursos destinados a publicidad y asistencia social.
Según las cifras difundidas por el bloque, el Ejecutivo prevé destinar $186 millones a publicidad, difusión e imprenta, mientras que reserva $72 millones para asistir a familias en situación de vulnerabilidad.
La diferencia es de $114 millones. En términos relativos, la partida publicitaria supera en un 158% a la destinada a asistencia social.
La oposición solicitó explicaciones sobre los criterios utilizados para establecer esas prioridades y sobre las necesidades sociales que se pretende cubrir con los fondos presupuestados.
Otro de los puntos cuestionados es la previsión de $300 millones para transportar agua a viviendas que todavía no cuentan con conexión a la red.
El bloque pidió conocer cuántos hogares dependen actualmente de ese sistema, cómo se calcula el costo del servicio y qué obras están previstas para garantizar una solución permanente.
El planteo incorpora una discusión sobre el destino de la inversión pública: cuánto se destina cada año a sostener prestaciones transitorias y qué recursos se asignan a ampliar la infraestructura necesaria para resolver esas carencias.
Los concejales también solicitaron información sobre las partidas salariales, los suplementos y los más de $2.400 millones destinados a estudios, investigaciones y asistencia técnica.
Esta última cifra representa aproximadamente el 12% del presupuesto total, tomando como referencia los $20.200 millones informados.
Otro de los cuestionamientos institucionales más importantes se refiere al límite previsto para las contrataciones directas.
De acuerdo con la información presentada por Unidos por Anisacate, ese monto pasaría de $3 millones en 2023 a más de $78 millones en 2027. La diferencia representa una multiplicación superior a 26 veces del límite original.
La oposición reclamó que se expliquen los criterios de actualización y que se garantice el acceso público a la información sobre proveedores, precios y contrataciones.
“Cuando tenemos que hacer un arreglo en nuestra casa, ¿nos quedamos con el primer presupuesto que nos pasan o buscamos otros para comparar? Con la plata de los vecinos tiene que pasar lo mismo. El Municipio tiene que poder comparar distintas ofertas antes de contratar”, señaló Cuello.
El debate sobre los montos habilitados para compras directas adquiere especial relevancia porque estos procedimientos permiten contratar sin recurrir a una licitación pública, dentro de los límites y condiciones establecidos por la normativa correspondiente.
