(Buenos Aires; SN) – Miles de personas se movilizaron hasta el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento del endeudamiento familiar y la dificultad para pagar tarjetas, préstamos bancarios y créditos otorgados mediante billeteras virtuales.
La marcha fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. También participaron organizaciones sociales, jubilados, trabajadores formales, cuentapropistas y representantes de pequeñas y medianas empresas.
“El arma en la cabeza es el plan económico de Milei”, expresaba uno de los carteles utilizados para responder a las declaraciones del Presidente, quien semanas atrás rechazó una intervención estatal y preguntó: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.
Las organizaciones sostienen que el endeudamiento no responde a decisiones individuales aisladas. Advirtieron que una cantidad creciente de familias recurre al crédito para comprar alimentos, medicamentos, pagar servicios, afrontar el alquiler o cubrir el transporte.
En mayo de 2026, la cantidad de personas con deudas ante bancos y proveedores financieros no bancarios alcanzó los 20,9 millones. Dentro de ese universo, 5,8 millones registraban atrasos superiores a 90 días.
El informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina muestra que la cantidad de deudores morosos aumentó un 76% desde febrero de 2024. En ese momento eran 3,3 millones.
El crecimiento más pronunciado se produjo entre quienes utilizaron billeteras virtuales y otros proveedores digitales. La cantidad de morosos exclusivos de esas plataformas pasó de 1,5 millones a 3,4 millones, con un incremento del 129,6%.
Las billeteras virtuales concentran más de la mitad de las personas que no pueden cumplir con sus pagos. Otras 1,3 millones mantienen deudas irregulares exclusivamente con bancos y 1,1 millones presentan problemas con ambos sistemas.
La morosidad de las familias con entidades bancarias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. En las billeteras virtuales, el incumplimiento aumentó del 7,3% al 29,6% durante un período similar y superó incluso el registro alcanzado durante la pandemia.
La provincia de Córdoba no se encuentra al margen de la crisis. El 26,9% de las personas que mantienen algún crédito presenta atrasos en sus pagos.
El nivel de deuda irregular alcanza el 12,9% del total financiado en la provincia. La tasa se ubica en el 10,6% dentro del sistema bancario y llega al 21,9% entre las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros.
Los créditos digitales afectan especialmente a jóvenes y sectores de menores ingresos. La facilidad para solicitar dinero desde un teléfono contrasta con tasas de interés más elevadas y plazos que pueden convertir una deuda pequeña en una obligación difícil de cancelar.
A escala nacional, prácticamente cuatro de cada diez deudores de entre 18 y 34 años se encuentran en situación irregular.
Los representantes de la CGT entregaron en el Ministerio de Economía un documento dirigido a Luis Caputo. El texto reclama una respuesta urgente ante el deterioro de la capacidad de pago de las familias y las empresas.
Uno de los principales pedidos es que el Banco Central intervenga en la regulación de las tasas aplicadas por bancos, financieras, aplicaciones y billeteras virtuales.
Las centrales también solicitaron un programa de refinanciación que contemple intereses relacionados con la evolución de los ingresos y cuotas que puedan ser pagadas por trabajadores, jubilados y monotributistas.
El documento advierte que la crisis de deuda produce consecuencias sobre toda la economía. Cuando una familia destina una parte creciente de sus ingresos a pagar préstamos, reduce el consumo. Cuando una empresa pierde acceso al financiamiento, disminuye su actividad y pone en riesgo puestos de trabajo.
La protesta incorporó además el reclamo de las pequeñas y medianas empresas, que pidieron la declaración de la emergencia para el sector. Las organizaciones empresariales alertaron que el endeudamiento compromete el capital de trabajo y amenaza la continuidad de numerosas unidades productivas.
La movilización expuso historias de trabajadores que, pese a contar con empleo, no logran cubrir sus gastos mensuales.
El problema ya no se limita a quienes tomaron créditos para comprar un automóvil, realizar un viaje o adquirir electrodomésticos. Una parte creciente de los préstamos se utiliza para sostener consumos básicos.
Las organizaciones sociales también advirtieron sobre el endeudamiento informal. En los barrios populares, la falta de acceso al sistema bancario empuja a numerosas familias hacia prestamistas que cobran intereses elevados y utilizan mecanismos de presión por fuera de cualquier regulación.
Esa situación no aparece en las estadísticas oficiales y podría ampliar considerablemente la cantidad real de personas endeudadas.
Javier Milei definió el endeudamiento como un problema entre privados y descartó destinar recursos estatales para asistir a quienes no pueden afrontar sus obligaciones.
El ministro Luis Caputo respaldó esa postura. El Gobierno considera que una intervención trasladaría el costo de las deudas particulares al conjunto de la sociedad.
Las centrales obreras rechazan esa interpretación. Sostienen que el aumento de la morosidad se encuentra relacionado con la caída de los ingresos, el ajuste económico y las tasas aplicadas por las entidades financieras.
En el Congreso existen diferentes proyectos para refinanciar deudas, reducir intereses punitorios y establecer planes de pago. Hasta el momento, ninguna de esas iniciativas consiguió avanzar.
La movilización frente al Ministerio de Economía convirtió un problema vivido hasta ahora en silencio y con vergüenza en un reclamo colectivo. Detrás de los números aparecen millones de personas que trabajan, cobran un salario y, aun así, necesitan endeudarse para llegar a fin de mes.
