¿Quiénes vigilan a los vigilantes?

(Especial para SN).- La ministra que juró que sus drones no tenían reconocimiento facial terminó desmentida por un video de su propia fuerza. Ese episodio menor es la puerta de entrada a algo mayor: un decreto que lleva siete meses vigente, un órgano creado para controlarlo que recién empezó a reunirse, y un informe de Amnistía Internacional que ya midió el efecto que produce saber que te pueden estar mirando.

 El 19 de marzo de 2025, frente al Congreso, un canal de noticias filmó a la Policía Federal operando uno de los drones que acababa de comprar el Ministerio de Seguridad. Seis meses después, ante la pregunta de un periodista, Patricia Bullrich fue categórica: esos equipos no tenían reconocimiento facial y eran para investigaciones criminales, nada que ver con manifestaciones. El 28 de febrero de este año, la propia cuenta de la Policía Federal subió un video en el que un oficial explica que esos drones permiten procesar imágenes y reconocer caras. El desmentido de la ministra no sobrevivió a la evidencia que difundió su propia fuerza.

 Ese episodio es apenas el síntoma. El informe que Amnistía Internacional publicó el 18 de agosto —"Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina"— reconstruye algo más grande que un drone: una arquitectura legal completa, construida en dos años, que ya tiene uso operativo. El Ministerio de Seguridad gastó al menos 1,2 millones de dólares en Clearview AI —el software de reconocimiento facial multado en Francia, Países Bajos e Italia por explotación ilegal de datos biométricos—, en Maltego, una plataforma que cruza redes sociales y dark web en tiempo real, y en una flota de drones térmicos. La Ciudad de Buenos Aires sumó 48 millones de dólares en cámaras nuevas: 850 puntos que llevan la cobertura declarada al 82% del territorio porteño, con densidad especial alrededor del Congreso, el lugar donde históricamente se protesta.

Nada de esto es casual ni improvisado. Desde 2024 el Estado fue ensamblando, pieza por pieza, la infraestructura que hoy sostiene esas compras: primero una unidad de inteligencia artificial dentro del Ministerio de Seguridad, después una reorganización del sistema de inteligencia bajo la SIDE, después una reforma de la Policía Federal que habilitó el patrullaje de redes sin orden judicial. La pieza central llegó el 31 de diciembre de 2025, en pleno receso parlamentario: un decreto que puso a la SIDE al mando de todo el sistema y obligó a más de quince organismos —ANSES, AFIP, RENAPER, los sistemas de salud— a compartir datos personales con los servicios de inteligencia, sin orden judicial y sin que la persona se entere. El mismo decreto declaró que toda actividad de inteligencia es, por definición, secreta, y habilitó a su personal a detener gente en circunstancias puntuales —durante tareas de auxilio judicial o ante un delito flagrante—, con aviso inmediato a la policía.

 El CELS pidió la nulidad del decreto ante la Justicia con tres argumentos: que el gobierno nunca explicó qué urgencia justificaba saltearse el debate parlamentario, que el nivel de secreto que impone no tiene antecedentes, y que la facultad de detención sin orden judicial vulnera garantías constitucionales.

 Y acá aparece el mecanismo que vuelve inútil cualquier reclamo: la Constitución exige que las dos cámaras rechacen un decreto de este tipo para tumbarlo. Controlar una sola le alcanza al oficialismo para sostenerlo indefinidamente. La Comisión Bicameral que debería fiscalizar todo esto recién se constituyó en mayo, presidida por Sebastián Pareja, y tuvo su primera reunión en julio —siete meses después de la firma— con un temario que ni siquiera se hizo público.

Mientras tanto, la infraestructura ya está produciendo un efecto medible. Amnistía lo llama "efecto inhibidor": la vigilancia, real o simplemente percibida, empieza a limitar por sí sola lo que la gente dice, con quién se junta y a qué marcha va. En las 21 entrevistas del informe aparece una y otra vez la misma secuencia: menos participación en protestas, más cuidado al organizar actividades, abandono de canales de comunicación considerados inseguros, autocensura en redes sociales. Una fotógrafa cuenta que la vigilancia constante le generó desconfianza en su propio oficio y modificó su forma de cubrir las marchas. Una periodista, bajo anonimato, relató que descubrió que ella y una colega habían sido incluidas en pedidos masivos de datos, y que decidió no litigar por miedo a represalias contra su familia. El investigador de Amnistía que coordinó el informe fue más allá: sostuvo que en Argentina ya se está atacando la disidencia, disuadiendo la protesta y hostigando a grupos vulnerables mediante estas herramientas. No hace falta que el Estado te vigile a vos en particular para que el efecto ya esté funcionando. Alcanza con que sepas que podría.

La Comisión Bicameral existe. Que no sesione es, también, una decisión política. Y cada mes que pasa sin que lo haga, alguien decide, por todos, que la excepción siga.

(*) Politóloga, especialista en gestión y comunicación política (UCC).

Fuentes y bibliografía consultadas:

Amnistía Internacional, "Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", 18 de agosto de 2026, e información complementaria publicada por Amnistía Internacional España sobre el mismo ininforme.

Video institucional de la Policía Federal Argentina, 28 de febrero de 2026. DNU 941/2025, 

Decreto 614/2024 y Decreto 383/2025, Boletín Oficial de la República Argentina.

Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia.

CELS, "Pedimos la nulidad del DNU que modificó el sistema de inteligencia", enero de 2026.

Composición de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, verificada vía Infobae y Perfil, 13 de mayo de 2026. 

Cobertura del informe de Amnistía Internacional por AFP/El Comercio Perú y El Tiempo, 18 de agosto de 2026.