(Alta Gracia; SN).- El Concejo Deliberante de Alta Gracia tratará este miércoles 26 de agosto un pedido de informes presentado por el bloque opositor Alta Gracia Cambia, vinculado con el cumplimiento de la Ordenanza N.º 2.147, que establece el Estatuto del Empleado Público (EEP).
La iniciativa que ingresa fue presentada como proyecto de resolución y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que remita información detallada sobre las condiciones de ingreso y permanencia de las personas que trabajan o prestan servicios para la Municipalidad.
El planteo se fundamenta en la necesidad de fortalecer la transparencia y los mecanismos de control institucional en la administración pública. En particular, el bloque opositor busca verificar el cumplimiento del artículo 12, inciso d), del Estatuto, que establece como requisito poseer condiciones acreditadas de buena conducta e idoneidad.
Además, el proyecto solicita conocer si el Municipio exige y mantiene actualizadas las declaraciones juradas previstas en el artículo 14 del EEP. Ese requisito contempla que los agentes públicos —empleados y funcionarios— declaren no estar alcanzados por ninguna causal que impida su ingreso o permanencia en la Administración Municipal.
El informe requerido comprende a distintas categorías de personas vinculadas con el Municipio:
El bloque Alta Gracia Cambia pretende que el Ejecutivo informe si, al momento del ingreso, contratación o designación, se presentó la declaración jurada exigida por el Estatuto y si esa documentación se encuentra actualizada.
También solicita conocer cuáles son los procedimientos y las certificaciones que aplica el Municipio para verificar impedimentos, incompatibilidades y demás restricciones legales vinculadas con el ejercicio de funciones en la administración pública.
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con el artículo 13 del Estatuto del Empleado Público, que establece impedimentos para el ingreso a la administración, entre ellos haber sido condenado por un delito doloso o tener procesos penales pendientes, además de haber sido exonerado de la administración pública, entre otras causales.
En ese sentido, el pedido solicita que se informe si existen personas comprendidas en esas situaciones y, en caso afirmativo, que se indique la cantidad de casos y las medidas administrativas adoptadas.
Asimismo, la oposición busca saber si el Municipio inició sumarios, investigaciones administrativas o procedimientos internos por posibles incumplimientos de los requisitos de ingreso o permanencia en la administración pública.
El proyecto también incluye una consulta sobre la existencia de personas alcanzadas por restricciones o incompatibilidades previstas en la legislación nacional o provincial relacionadas con el incumplimiento de obligaciones alimentarias. En esos casos, se solicita precisar la cantidad de situaciones detectadas y las medidas tomadas por el Ejecutivo.
La iniciativa plantea, además, la necesidad de actualizar y eventualmente reglamentar los requisitos de ingreso y permanencia en la Administración Municipal, tanto para el personal como para los funcionarios de todos los niveles.
El cuerpo deberá considerar, además, los despachos provenientes de las comisiones de Hacienda; Obras y Servicios Públicos; Legislación General; Asuntos Ambientales y Salud; Cultura, Turismo y Deporte; y los asuntos tratados con el Concejo constituido en comisión.
En el apartado de notas particulares aparece un reclamo de vecinos de barrio Villa Juana, quienes solicitaron la incorporación del sector a la red cloacal y la ejecución de la correspondiente red interna.
Por otra parte, Gimena Sastre -presidenta del Centro Vecinal de Bº Santa Teresita- presentó una nota solicitando que el Concejo declare de Interés Municipal el XXXIX Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersex, Bisexuales y No Binarios.
La sesión está prevista para este miércoles 26 de agosto y tendrá como uno de sus principales ejes políticos el pedido de información sobre los mecanismos de control aplicados por el Municipio para el ingreso, la contratación y la permanencia de empleados, funcionarios y demás personas vinculadas con la administración local.
