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(Alta Gracia; SN).- Dos adolescentes de 16 años denunciaron haber sido perseguidos, golpeados y amenazados de muerte por un policía durante la madrugada del sábado en Alta Gracia. Uno de ellos sufrió fracturas de tibia y peroné, mientras que ambos presentaron lesiones en la cabeza.
La denuncia es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello. En paralelo, el Tribunal de Conducta Policial abrió una actuación administrativa para determinar la responsabilidad de los efectivos involucrados.
Según la reconstrucción realizada por el abogado de las familias, Axel Aurich, los adolescentes circulaban en una motocicleta cuando un móvil policial comenzó a perseguirlos y les ordenó detenerse.
El letrado sostuvo que el patrullero habría realizado una maniobra para encerrarlos y que los jóvenes, por temor, continuaron durante algunas cuadras. Cuando finalmente frenaron, el conductor del móvil habría descendido, los arrojó al piso y comenzó a golpearlos con patadas.
Aurich aseguró que los dos adolescentes tenían colocados sus cascos y, aun así, terminaron con lesiones en la cabeza. Uno de ellos habría recibido un golpe con el borcego del efectivo que le provocó la fractura de la tibia y el peroné.
De acuerdo con la presentación, una mujer policía que acompañaba al agente habría intentado detener la agresión al advertir que la situación se estaba descontrolando.
El policía, sin embargo, habría continuado con los golpes. Luego habría extraído su arma reglamentaria, apuntado a los adolescentes y lanzado una amenaza: “Si ustedes denuncian, los voy a buscar y los voy a matar”.
Siempre según la versión de la parte denunciante, los jóvenes no fueron identificados ni sometidos a un control. Tampoco les habrían solicitado sus documentos, la licencia de conducir o los datos de la motocicleta.
Después de la presunta agresión, habrían quedado al costado de la ruta. Pese a las lesiones, lograron subir nuevamente a la moto y regresar a sus hogares.
La Policía de Córdoba no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, el jefe de la Departamental Santa María, comisario mayor Roque Carabajal, confirmó públicamente la existencia de la denuncia penal y de la investigación administrativa.
Carabajal explicó que, después de tomar conocimiento de las acusaciones, la conducción departamental se comunicó inmediatamente con los organismos de control interno de la institución para que se abrieran las actuaciones correspondientes y se verificara la veracidad de los hechos.
El jefe policial reconoció que se trata de una denuncia grave, pero aclaró que todavía no se tomó ninguna medida sobre los efectivos señalados.
“Todavía no hemos recibido ninguna directiva concreta”, afirmó. Además, aseguró que la Departamental se encuentra a disposición de la Justicia y del Tribunal de Conducta y que respondió los requerimientos recibidos.
Carabajal evitó brindar información sobre la antigüedad o los antecedentes de los policías involucrados por considerar que esos datos forman parte de la investigación. También señaló que cualquier efectivo que no cumpla adecuadamente su función deberá responder por su accionar.
La familia mantuvo una reunión con representantes del Tribunal de Conducta Policial. La querella pidió el apartamiento preventivo de los efectivos mientras continúa la investigación.
Las grabaciones de los domos de seguridad y la documentación médica serán elementos centrales para reconstruir el recorrido del móvil y la motocicleta, comprobar las lesiones y determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas.
