En nombre del estado peruano, la mandataria se dirigió a la ciudadanía por los ataques realizados durante las manifestaciones en su contra y aseguró que su gobierno acatará las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que no se repitan los hechos ocurridos entre diciembre y marzo pasados, cuando al menos 49 personas murieron por la represión de las protestas.
Internacionales 29 de julio de 2023 Redacción SN
(Télam; por Gonzalo Ruiz Tovar) La presidenta de Perú, Dina Boluarte, utilizó su discurso anual por las Fiestas Patrias ante el Congreso para pedir perdón en nombre del Estado por las decenas de muertes registradas en las protestas en su contra, mientras a pocos metros se producían nuevas manifestaciones.
“Declaro nuevamente, y con mucho dolor, que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, policías, civiles y militares, y también a los heridos”, dijo Boluarte.
La presidenta, además, aseguró que su gobierno acatará las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no se repitan los hechos ocurridos entre diciembre y marzo pasados, cuando al menos 49 personas murieron por la represión de las protestas.
Boluarte, que hasta ahora había minimizado los hechos y los había atribuido a un aprovechamiento de la situación política por parte de terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, delincuentes comunes y agentes extranjeros, afirmó hoy que tras las movilizaciones “no hubo vencedores ni vencidos”.
“La democracia permite el derecho a la protesta, pero la democracia también permite y reclama diálogo. Por ello, anuncio que relanzaremos el Acuerdo Nacional (un foro multipartito), incorporando a todos los sectores sociales, a fin de dialogar sobre agenda social y reformas pendientes”, añadió.
Antes del discurso, al participar en el tradicional Te Deum en la Catedral, la mandataria escuchó al arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pedir que se haga justicia con los muertos y los heridos durante los hechos en que, según la CIDH y otros organismos internacionales, hubo exceso de fuerza en la represión, incluidas “ejecuciones extrajudiciales”.
“Me corresponde hacer con todo respecto una invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en los que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación”, afirmó Castillo.
Mientras Boluarte pronunciaba su discurso en el Congreso, controlado por fuerzas aliadas a su gobierno, en los alrededores del edificio había forcejeos entre policías y manifestantes congregados para protestar contra “la dictadura asesina y corrupta”.
“Si la señora Dina no renuncia, si no se cierra el Congreso, la lucha va a continuar”, dijo la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), nueva organización integrada por grupos políticos, sindicales, estudiantiles y populares.
Las nuevas protestas, que ya han derivado en violencia en algunos puntos del país, están convocadas por la CNUL y la Confederación General de Trabajadores de Perú para hoy y mañana, los días centrales en las fiestas patrias por el aniversario 202 del nacimiento de la República.
En el sureño departamento de Puno, el punto donde es más activa la oposición a Boluarte, se reportaron cierres de vías, mientras en el vecino Arequipa hubo incidentes relativamente menores. Las concentraciones se registraban hoy desde temprano en diferentes ciudades, incluida Lima.
En los días previos hubo movilizaciones en Lima con participación de al menos 20.000 personas, según el Ministerio del Interior, pero transcurrieron en forma pacífica, tal como habían prometido los convocantes, salvo por algunas refriegas menores.
Según encuestas, alrededor del 90% de los peruanos está a favor de que se celebren elecciones generales antes de 2026, cuando termina el período, de forma que el país puede tener un gobierno y un Congreso distintos a los actuales, reprobados en los sondeos por cerca de 80 y 90%, respectivamente.
Sin embargo, ni el gobierno ni el Congreso -controlado por fuerzas de derecha aliadas ahora con algunos legisladores de izquierda- han atendido ese clamor, al margen de que la presidenta sí lo intentó en su momento, pero no halló eco en el Legislativo, que es el que tiene la palabra.
Las protestas contra Boluarte empezaron el 7 de diciembre, día en que reemplazó al destituido y ahora preso Pedro Castillo, después de que señalara que se quedaría hasta el final del mandato, cuando se esperaba una convocatoria a comicios.
En total, 49 civiles murieron en acciones directas de los policías o los militares, la mayoría por balazos. Diversos videos documentaron que en varias ocasiones las fuerzas del Estado atacaron a manifestantes que estaban indefensos o en clara desventaja.
Además, en los episodios murieron al menos 28 personas más por hechos indirectos, entre ellos diez soldados que se ahogaron en un río cuando buscaban eludir una turba y un policía asesinado en hechos no aclarados. Además, los heridos se contaron por centenares.
Hasta ahora, ni el gobierno ni el aparato judicial han mostrado pruebas que refrenden la narrativa de que las protestas han sido promovidas por personas al margen de la ley para provocar caos.
Las protestas perdieron fuerza desde marzo, cuando tragedias naturales, que incluyeron un huracán y múltiples inundaciones, captaron la atención nacional. Además, en opinión de analistas, los convocantes eran anónimos o estaban también desprestigiados.
No obstante, la movilización se reanudó con las nuevas fiestas patrias y con la aparición de la CNUL, que espera superar el vacío de liderazgo.
Para las próximas horas se espera que la fuerzas políticas y sociales se pronuncien sobre el llamado a diálogo lanzado por Boluarte. Hasta ahora, la tendencia de las partes ha sido eludir las negociaciones.
Las palabras de Boluarte sobre las protestas y el diálogo eclipsaron todos los demás capítulos del discurso, referidos, entre otras cosas, a reformas económicas por ahora no precisadas.
El de hoy fue el primer discurso ante el Congreso de la abogada de 61 años, que era una desconocida para el país al ser elegida vicepresidenta en 2021 en la fórmula de Castillo, a nombre del partido marxista leninista Perú Libre, que pronto la expulsó por discrepancias ideológicas.
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