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(Paraguay; SN).- La crisis de Ueno Bank abrió un frente político para el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Las restricciones para acceder a los depósitos, los cuestionamientos sobre sus vínculos con el grupo propietario y la exposición de fondos previsionales derivaron en un pedido de juicio político contra el mandatario y el vicepresidente Pedro Alliana.
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el martes 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de la entidad, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. El organismo sostuvo que se trata de una situación particular del banco y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La paralización de las operaciones afectó a cerca de tres millones de usuarios y provocó reclamos de ahorristas que no podían disponer de su dinero, en un escenario de incertidumbre sobre la recuperación de los depósitos.
Un grupo de 35 diputados presentó formalmente la acusación contra Peña. Entre los cuestionamientos figuran su participación en Ueno Holding y la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central.
Los legisladores también le atribuyen haber permitido la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en la entidad y haber impulsado cambios en la legislación sobre conflictos de intereses. Se trata de acusaciones formuladas por los promotores del juicio político, cuya responsabilidad deberá determinarse en las instancias correspondientes.
Peña había mantenido vínculos comerciales con el grupo hasta marzo de 2025. Tras conocerse la intervención, anunció que había solicitado la renuncia de Carvallo y reclamó medidas para acelerar la devolución de los ahorros.
Este jueves, la presión sobre el mandatario aumentó: nueve integrantes de la bancada colorada “B” oficialista anunciaron que acompañarán el pedido de juicio político contra Peña, aunque expresaron su respaldo a Alliana.
La presentación de la acusación no implica una destitución. El procedimiento requiere su aprobación en Diputados y, posteriormente, el juzgamiento en el Senado, con las mayorías previstas en la Constitución paraguaya.
El Banco Central informó un mecanismo de anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos, descontando las deudas vencidas que cada cliente mantenga con la entidad.
Según el comunicado del 4 de noviembre, los pagos se canalizarán mediante cuentas en otros bancos o financieras. El organismo anunció que el proceso comenzaría en un plazo de 24 horas y no debería superar los cinco días hábiles. Ese anticipo no equivale necesariamente a la devolución de la totalidad de los fondos de cada ahorrista.
