(SN; Toledo) La apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Toledo terminó en un escándalo que requirió la intervención policial. Pablo Burgos, presidente del cuerpo legislativo, denunció violencia verbal y física por parte de vecinos que responderían al intendente Sergio Marín. En una entrevista con Sumario Noticias, Burgos relató los hechos y aseguró que la agresión fue organizada con antelación para impedir que presidiera la sesión.
“Ni siquiera pude comenzar la sesión; me arrebataron el libro de actas y se lo entregaron al expresidente Nicolás Kuzics. Esto estaba armado, me llegaron mensajes advirtiendo que algo iba a pasar”, afirmó Burgos. La situación escaló rápidamente, con insultos y acusaciones de “traidor” hacia el presidente del Concejo, quien explicó que la ruptura con el oficialismo se produjo tras negarse a aprobar un aumento del 100% en las tasas municipales, incumpliendo promesas de campaña. Además, Burgos reveló que el quiebre definitivo se dio durante la discusión del presupuesto, cuando su bloque se opuso a ciertas partidas que consideraban excesivas y perjudiciales para los sectores más vulnerables de la localidad.
El conflicto tiene raíces en las elecciones de 2023, cuando Sergio Marín, de Juntos por el Cambio, rompió una hegemonía peronista de 36 años con el 38% de los votos, tras acuerdos con sectores justicialistas. Parte de ese acuerdo implicaba que la presidencia del Concejo Deliberante se alternara anualmente entre radicales y peronistas, lo que permitió que Burgos asumiera en 2024. Sin embargo, esas alianzas se desmoronaron al iniciar la gestión de Marín, desencadenando tensiones que se profundizaron con la llegada de Burgos a la presidencia del Concejo.
El incidente se desencadenó cuando Cristian Montiel, empleado municipal y presidente del Club Independiente de Toledo, le arrebató el libro de actas a Burgos y se lo entregó a Kuzics, ex presidente del cuerpo. Todo quedó registrado en video, y Burgos confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante la justicia local por usurpación de funciones y obstrucción del ejercicio legislativo.
Burgos señaló que, a pesar de la violencia, mantiene la voluntad de diálogo: “Siempre estuve abierto a conversar con el intendente, pero no hubo respuesta”. Desde Hacemos Unidos por Córdoba, calificaron el hecho como una “actitud patotera” y exigieron que se garantice el normal funcionamiento del Concejo.
