(SN; Córdoba) La Legislatura de Córdoba aprobó la semana pasada, con 68 votos a favor y solo 2 en contra, la nueva ley de procedimiento penal juvenil, que establece un marco normativo claro y diferenciado para abordar la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley. La iniciativa, que contó con un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo, la SENAF y el Poder Judicial, fue explicada por el legislador Matías Chamorro, quien destacó la importancia de un enfoque integral y de reintegración social para los menores infractores.
En diálogo con Siempre Radio, Chamorro explicó que la nueva ley distingue entre jóvenes "punibles" (de 16 a 18 años) y "no punibles" (menores de 16 años), lo que permite una intervención adecuada según la edad y el tipo de delito cometido. La normativa incorpora medidas alternativas a la privación de la libertad, como la justicia restaurativa, la intervención en territorio y el uso de tecnologías como la tobillera electrónica. De esta manera, se busca evitar la judicialización exclusiva de los jóvenes y promover un enfoque preventivo y reparador.
Además, la ley establece medidas de "resguardo institucional" para adolescentes de entre 13 y 16 años que cometen delitos graves, como homicidios o abusos, permitiendo que el juez adopte una medida transitoria de protección para garantizar su rehabilitación y evitar que externalicen su conducta. Chamorro destacó que este enfoque fue una respuesta a la demanda social por una intervención más eficaz, ante una problemática compleja que requiere soluciones integrales y personalizadas.
"Es un avance muy importante para Córdoba, y posiciona a nuestra provincia como referente en el tratamiento de esta problemática, en comparación con otras provincias", señaló Chamorro. Además, destacó que la ley cuenta con un comité de seguimiento, que incluirá a la Universidad Nacional de Córdoba y a diversas organizaciones civiles, para asegurar la correcta implementación y monitoreo de las medidas, garantizando el respeto de los derechos de los jóvenes y el cumplimiento de estándares internacionales.
Por último, el legislador expresó su rechazo a la propuesta nacional de bajar la edad de imputabilidad, argumentando que no existen pruebas claras de que esta medida reduciría la criminalidad juvenil. "La solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por un tratamiento integral y especializado que aborde la reintegración social de los jóvenes", concluyó.
