Deforestación urbana: una deuda ambiental que afecta la salud y la equidad social

(SN) En las ciudades latinoamericanas, donde más del 80 por ciento de la población reside en entornos urbanos, el acceso a espacios verdes y a un arbolado urbano adecuado no es un privilegio estético, sino una necesidad vital. Sin embargo, la deforestación en ámbitos urbanos avanza de manera silenciosa y persistente, generando efectos directos en la salud pública, el bienestar colectivo y la justicia ambiental.

Así lo advierte el informe “La deuda ambiental de la deforestación”, elaborado por la Fundación Colsecor en el marco del proyecto Biocomunidad. El documento plantea una mirada integral sobre la importancia del arbolado urbano como parte esencial de la infraestructura de las ciudades, al tiempo que denuncia su retroceso sistemático, especialmente en barrios populares.

Árboles que enfrían, limpian y protegen
Los árboles en las ciudades cumplen múltiples funciones ecológicas, sociales y sanitarias. Actúan como sumideros de carbono, reducen el efecto de “isla de calor” urbana, filtran contaminantes atmosféricos, retienen agua de lluvia, amortiguan el ruido y generan hábitats para la biodiversidad. Según organismos internacionales como la ONU-Hábitat, la presencia de arbolado puede reducir entre 2 y 8 grados la temperatura ambiente en zonas densamente pobladas, e incluso disminuir en un 30 por ciento el uso de aire acondicionado si se ubican estratégicamente cerca de viviendas.

Además, vivir cerca de espacios verdes se asocia con menores niveles de estrés, presión arterial más baja y mejor salud mental. También se fortalecen los lazos comunitarios y se reducen ciertos factores de inseguridad urbana.

Causas de una pérdida sostenida
Pese a estos beneficios, la deforestación urbana es un fenómeno en crecimiento. En las últimas dos décadas, las principales ciudades de América Latina han perdido cerca del 24 por ciento de su cobertura vegetal. Esta tendencia se explica por diversas causas: desarrollos inmobiliarios sin evaluación de impacto ambiental, presupuestos públicos que priorizan obras de cemento, podas indebidas, daños por servicios urbanos y eventos climáticos extremos.

Una dificultad adicional es la falta de planificación. Menos del 20 por ciento de los municipios de la región cuenta con un censo actualizado de su arbolado urbano, lo que impide su gestión técnica adecuada.

El peso de la desigualdad
La deforestación urbana no afecta a todos por igual. El informe de Fundación Colsecor subraya que existe una distribución profundamente desigual del arbolado en las ciudades. En metrópolis como Buenos Aires, Santiago de Chile o São Paulo, los barrios con mayores recursos económicos concentran hasta tres veces más áreas verdes que los sectores populares. Esta brecha se traduce en mayor exposición al calor, peor calidad del aire, aumento de enfermedades respiratorias y menor esperanza de vida en las zonas postergadas.

La Organización Mundial de la Salud estima que más de cuatro millones de muertes prematuras al año están vinculadas a la exposición prolongada a material particulado fino, cuya concentración es mucho mayor en entornos sin cobertura vegetal. En términos jurídicos, esta situación vulnera el derecho a un ambiente sano, consagrado por el artículo 41 de la Constitución Nacional y por acuerdos como el Acuerdo de Escazú o la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Pese al escenario adverso, existen experiencias que muestran caminos posibles. Rosario cuenta con un Plan Integral de Gestión del Arbolado Público basado en participación vecinal, relevamientos satelitales y programas educativos. La Ciudad de Buenos Aires desarrolló el portal “Arbopedia”, que centraliza información y promueve campañas de forestación. En Córdoba se lanzó en 2023 el programa “Plantamos Futuro”, que proyecta 50.000 nuevos árboles priorizando zonas vulnerables como escuelas y centros de salud.

En Alta Gracia, en el marco del programa municipal Alta Gracia Más Verde, se llevó adelante en agosto de 2023 una acción puntual en barrio Norte, donde se utilizaron cazuelas preexistentes para plantar ejemplares de “Sen de campo”, especie nativa de pequeño porte, rápido crecimiento y follaje persistente. Esta iniciativa se ajusta al Código de Ambiente local y busca promover una trama urbana más saludable, convocando a la comunidad a participar activamente en el cuidado de los árboles recién plantados.

Por otra parte, la Fundación Garabato impulsa desde el Valle de Paravachasca un programa de forestación participativa con plantas nativas. En septiembre de 2024, su presidenta Marta Fontana explicó que la convocatoria está abierta a cualquier institución interesada en forestar, como centros vecinales, escuelas o clubes. La fundación no solo dona árboles producidos en su vivero de Anisacate, sino que también ofrece asesoramiento técnico sobre especies y ubicación. El proyecto ya ha generado impactos positivos en localidades como Santa Ana, La Serranita y Los Aromos.

También hay referencias internacionales destacables: los Corredores Verdes de Medellín, que mejoraron la calidad del aire y redujeron la temperatura en zonas críticas, y el Plan Director de Montevideo, que obliga a mantener un censo georreferenciado del arbolado y garantiza la participación pública en decisiones ambientales.

Un recurso estratégico y un derecho colectivo
El informe de la Fundación Colsecor concluye que el arbolado urbano debe ser reconocido como una infraestructura crítica y un bien común. Su ausencia no es neutra: revela desigualdades estructurales, afecta la salud y vulnera derechos. Por ello, se propone avanzar hacia políticas públicas redistributivas, marcos normativos sólidos y una planificación urbana que incluya criterios ecológicos y mecanismos de participación ciudadana vinculante.

La deuda ambiental que deja la deforestación no solo daña al ambiente: impacta sobre las personas, especialmente las más vulnerables. En palabras del informe, “cuidar los árboles es cuidar la vida”. Saldar esta deuda es una obligación ética, política y social que no admite más demoras.