Jorge Conalbi Anzorena
(Alta Gracia; SN) A las diez en punto del sábado, el salón se llenó de murmullos, termos de café tibio y miradas calculadoras. Frente al público, 52 motos formaban una fila silenciosa, como soldados desmovilizados. Algunas lucían desgastadas, otras aún tenían algo de brillo bajo el polvo del depósito municipal. Ya ninguna tenía dueño. no.
El Gobierno de Alta Gracia organizó el remate como manda la ordenanza que años atrás logró sancionar: aquellas motocicletas que permanecieron largo tiempo en el corralón, sin que nadie las reclamara, pasaron al lote de la oportunidad. No hubo sentimentalismos. La norma es clara y los depósitos tienen espacio limitado.
Las razones por las que esas motos llegaron hasta ahí son tan viejas como el control vehicular: escapes no autorizados que rugen más de la cuenta, papeles en falta, licencias vencidas, cascos ausentes. El 95 por ciento de los vehículos que se retienen vuelven a manos de sus propietarios después de abonar la multa y ordenar los trámites. El resto queda ahí, oxidándose en silencio.
Pero esta vez, el silencio se rompió con las voces del martillero. Cada lote -algunos con más de una unidad- fue rematado con rapidez. No hubo pujas frenéticas ni gritos de película, pero sí ofertas firmes y un interés sostenido. A la media tarde, las 52 motos ya tenían nuevos dueños. El municipio recaudó 30 millones de pesos.
Según informaron desde la administración local, esa suma será destinada a mejorar la flota municipal. En otras palabras: los vehículos secuestrados ayudarán a poner en marcha otros, con destino a los servicios públicos que a diario recorren la ciudad.
Así, lo que comenzó como una infracción se convirtió en un presupuesto. Y lo que parecía chatarra encontró segunda vida en manos ajenas. Nadie lloró por las motos subastadas. A fin de cuentas, ya no eran de nadie.
