Salvadora Onrubia
En un nuevo capítulo de un ensañamiento perpetuo, el Gobierno Nacional solicitó formalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revoque la prisión domiciliaria de Milagro Sala. El comunicado oficial del Ministerio de Justicia, emitido este 5 de febrero de 2026, no solo busca el traslado de la dirigente social a una cárcel común, sino que destila una retórica de odio que ignora tanto su delicado estado de salud como los derechos procesales que ya le corresponden por ley.
La libertad negada a la "India"
Milagro Sala -mujer, líder indígena y referente de la Organización Barrial Túpac Amaru- se ha convertido en el blanco predilecto de un sector político que no le perdona haber desafiado las estructuras del privilegio. Lo que el oficialismo presenta como un acto de "justicia" es, en realidad, un ensañamiento flagrante: Sala ya ha cumplido las dos terceras partes de su condena, el umbral legal requerido por el Código Penal argentino para acceder a la libertad condicional.
Sin embargo, para la gestión de Javier Milei, las reglas parecen ser distintas cuando se trata de figuras populares. Mientras se ignora su crítico cuadro de salud -agravado por una trombosis profunda y el desgaste de años de hostigamiento-, la narrativa oficial prefiere hablar de "terminar con los privilegios". Una ironía obscena si se analiza quiénes son los verdaderos beneficiarios de la benevolencia estatal.
Domiciliarias para genocidas: La impunidad garantizada
La crueldad de la medida contra Sala resalta al compararse con el tratamiento que reciben los condenados por muchísimo más graves, como lo son los crímenes de lesa humanidad. Mientras el Estado moviliza recursos para devolver a una dirigente social a una celda, el sistema judicial ha permitido que la gran mayoría de los genocidas cumplan sus penas en la comodidad de sus hogares. Para 2023, las estadísticas ya eran alarmantes: de los condenados por el terrorismo de Estado, una abrumadora mayoría gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria, desvirtuando el carácter de la pena.
Esta práctica no solo es una cuestión de "comodidad", sino una forma de impunidad encubierta. Como ratificó la Cámara de Casación en fallos fundamentales, el otorgamiento indebido de prisiones domiciliarias a responsables de crímenes de lesa humanidad constituye una violación a las obligaciones internacionales del Estado. La justicia ha señalado que, cuando estas medidas se dan sin fundamentos sólidos, se transforman en una burla para las víctimas y un retroceso en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El odio al símbolo y la "pérdida de recursos"
El contraste se vuelve aún más perverso ante el reciente posicionamiento de funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes consideran que investigar los crímenes de la dictadura es una "pérdida de tiempo y recursos". El mensaje es nítido: para quienes ejecutaron un plan sistemático de exterminio, hay comprensión, beneficios domiciliarios y un intento de dar vuelta la página. Para la mujer que construyó dignidad en el norte argentino, solo cabe el rigor del calabozo y la exposición pública.
El pedido ante la CIDH no busca justicia, sino una victoria simbólica sobre los sectores más postergados. Al intentar revocar una medida de protección internacional, el Gobierno Nacional ratifica su desprecio por los derechos humanos cuando estos protegen a quienes desafiaron el orden establecido.
