(SN; Córdoba) Federico Giuliani, dirigente de ATE Córdoba y de CTA Autónoma, continúa detenido tras una protesta realizada el jueves pasado frente a la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo de la Municipalidad de Córdoba. Durante la jornada, 14 de los 15 manifestantes fueron liberados, mientras Giuliani permanece incomunicado en el penal de Bower, a la espera de su declaración ante la justicia.
Julia Giuliani, hermana del dirigente, afirmó que su hermano sufrió lesiones durante el operativo policial, incluyendo luxación en el hombro y codo, y denunció que la detención se produjo en medio de un procedimiento que calificó de irregular: “Se han incumplido muchos pasos del procedimiento legal, hay muchas irregularidades que vamos a señalar cuando esté libre”, señaló.
Según la Fiscalía a cargo de Ernesto de Aragón, Giuliani está imputado por amenazas, lesiones leves y resistencia a la autoridad, aunque desde ATE y CTA sostienen que no hubo violencia por parte de los manifestantes y que fue él quien resultó lesionado durante el operativo.
El conflicto escaló a nivel nacional. Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos acompañan la protesta frente a Tribunales 2 en Córdoba Capital y también en Río Cuarto. Rodolfo Aguiar, secretario general de CTA Nacional, denunció un acto de criminalización de la protesta y responsabilizó al gobernador Martín Llaryora de aplicar un “régimen de excepción” en la provincia, en línea con políticas nacionales.
Los abogados de Giuliani, Claudio Oros y Eugenio Biafore, denunciaron ensañamiento judicial, falta de fundamentación legal para la detención y la incautación de su teléfono sin notificación judicial. Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha de su declaración, y la familia y organizaciones mantienen concentraciones y medidas de presión mientras continúe detenido.
Se anunció que, de no resolverse la situación favorablemente, mañana martes 2 de septiembre habrá un paro nacional con cortes de ruta, como parte de las acciones de reclamo. Diversas agrupaciones y organismos de derechos humanos repudiaron la represión y exigieron el cumplimiento de las garantías constitucionales.
