Alta Gracia: choferes de Uber piden modificar la ordenanza por temor a perder su sustento

Luis Aguirre, vocero de los trabajadores, advirtió que más de 50 choferes podrían quedarse sin sustento si la norma entra en vigencia. Cuestionó que no fueron convocados a participar en su redacción.

Sociedad10 de noviembre de 2025 SN
Alta Gracia centro calle auto

(SN; Alta Gracia) Los choferes que trabajan con aplicaciones de transporte en Alta Gracia reclamaron al Concejo Deliberante la revisión de la ordenanza recientemente aprobada que regula su actividad. Según expresó Luis Aguirre, vocero de Uber en la ciudad, la normativa fue elaborada “sin consulta previa” y contiene puntos que “afectan directamente” el sustento de decenas de trabajadores.

“Vamos a pedir que se modifique y se revea esta legislación. Hay muchos factores que no la hacen viable. No podemos tener esta ordenanza así, porque no nos hicieron parte”, afirmó Aguirre en diálogo con Siempre Radio.
El representante señaló que la norma fue tratada “a puertas cerradas” con la participación de remiseros, taxistas y concejales, pero sin incluir a los conductores de aplicaciones. “Nos enteramos por los medios. Nunca se nos convocó a opinar ni a trabajar en el texto. Uno de los concejales incluso nos dijo que no fuimos citados porque siempre fuimos considerados trabajadores ilegales”, denunció.

Aguirre destacó que durante el proceso de debate solo el concejal Maximiliano Caminada mostró predisposición para escuchar sus planteos. “Siempre nos atendió y nos dio explicaciones en lo que pudo. Pero el resto nunca se comunicó con nosotros”, dijo.

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El vocero indicó que actualmente entre 80 y 100 trabajadores utilizan aplicaciones como Uber en la ciudad, incluyendo a choferes particulares, taxistas y remiseros. “Somos la mayoría vecinos de Alta Gracia, más del 80 por ciento vive y tributa acá. No somos gente de otra localidad. Llevamos el pan a nuestras casas y pagamos impuestos en la ciudad”, sostuvo.

Entre los aspectos que los trabajadores consideran perjudiciales, Aguirre mencionó dos puntos centrales:
por un lado, la antigüedad de los vehículos, ya que la ordenanza fija un límite de diez años para las unidades que trabajen con aplicaciones, mientras que para taxistas y remiseros el plazo se extendió a quince. “Está difícil tener un auto nuevo. Si este requisito entra en vigencia, más de 50 choferes quedarían sin sustento diario. Pedimos igualdad de condiciones, como fue el lema de los propios concejales”, expresó.

El segundo punto cuestionado es la prohibición de que choferes de localidades vecinas trabajen en Alta Gracia. Aguirre explicó que esa disposición “no puede aplicarse” porque las aplicaciones funcionan por cercanía geográfica. “Si estás en la ruta 5 y te llega un viaje desde Anisacate o Villa del Prado, la aplicación te lo asigna automáticamente. Lo mismo ocurre al revés. No se puede evitar”, indicó.

El vocero insistió en que la ordenanza desconoce la forma en que operan las plataformas digitales y subrayó que la falta de consulta derivó en una norma “incompleta y discriminatoria”. “Esto pasa porque no nos hicieron parte y porque no saben cómo se trabaja con la aplicación. Los concejales deberían tener una visión más amplia y considerar a todos los sectores”, remarcó.

Aguirre sostuvo que los trabajadores de aplicaciones cubren una necesidad insatisfecha en el sistema de transporte local. “El servicio público es ineficiente y nosotros venimos a cubrir esas falencias. La gente nos elige todos los días. Si no existiera la demanda, no estaríamos trabajando. Cumplimos un rol fundamental para los vecinos”, aseguró.

El vocero adelantó que, si no hay respuesta por parte del Concejo Deliberante, los choferes analizan medidas de protesta. “Nos vamos a manifestar si no somos escuchados. Estamos defendiendo nuestros derechos y el sustento de nuestras familias. Solo pedimos sensibilidad y diálogo. No queremos sacar el pan de la boca a nadie, queremos repartirlo”, expresó.

Finalmente, Aguirre insistió en la necesidad de que las autoridades municipales abran una instancia de diálogo antes de la puesta en vigencia de la norma. “Necesitamos que nos escuchen. Queremos trabajar en regla, pero con condiciones justas y reales. No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, concluyó.

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