(SN; Alta Gracia) La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba generó preocupación entre los trabajadores del volante en Alta Gracia. Si bien la aplicación Uber sigue siendo ilegal, el fallo abre una puerta a una eventual legalización bajo estrictas condiciones. En este contexto, taxistas locales expresaron su malestar y advirtieron sobre el impacto que el transporte por aplicaciones ya tiene en la ciudad.
Gerardo Antonello, integrante de la Comisión de Permisionarios de Taxis, describió un panorama crítico para el sector. “Hace 16 meses que la situación es muy mala. Los costos aumentaron entre un 300 y 400 por ciento, mientras que los ingresos cayeron”, afirmó en diálogo con Siempre Radio. Según detalló, solo en 2024, el precio de los repuestos creció un 160%, mientras que las cuotas de los planes de ahorro para vehículos se duplicaron.
En Alta Gracia circulan actualmente 58 taxis y 58 remises habilitados. Sin embargo, Antonello alertó que también hay vehículos que operan bajo la modalidad de aplicaciones como Uber, sin habilitación ni controles. “Hay momentos en los que detectamos hasta 20 vehículos conectados a la aplicación. Es un transporte ilegal, no tiene regulación ni garantías para los usuarios”, explicó.
La preocupación del sector se intensifica con la decisión del TSJ, que establece una serie de requisitos para permitir el funcionamiento de Uber en la ciudad de Córdoba. Entre ellos: inscripción en AFIP (ahora ARCA), habilitación comercial, sede en la ciudad, RT, carnet profesional, y no figurar en registros de deudores alimentarios ni agresores sexuales. Sin embargo, la aplicación aún no está autorizada legalmente en ninguna ciudad de la provincia, incluida Alta Gracia.
Antonello subrayó que la competencia desleal de estos servicios ya genera una baja de viajes en el sistema tradicional. “La asimetría es brutal. Nosotros cobramos un viaje al aeropuerto por unos 50 mil pesos. Ellos lo hacen por la mitad”, denunció. También recordó que se trata de empresas multinacionales que cotizan en bolsa y actúan por fuera de los marcos regulatorios locales.
En diálogo con Siempre Radio, el representante de los taxistas pidió acciones concretas por parte del municipio. “Hay compromiso del Ejecutivo, pero necesitamos operativos efectivos. Estos vehículos deben ser detenidos y retirados de circulación. Es responsabilidad del Estado garantizar seguridad vial y ordenar el sistema de transporte urbano”, remarcó.
Por último, Antonello advirtió que experiencias en otras ciudades muestran un retroceso del sistema público de transporte cuando ingresan estas plataformas. “En el AMBA, la cantidad de licencias de taxis cayó un 60%. En Córdoba también hay una baja sostenida”, sostuvo.
Mientras se espera que el Concejo Deliberante de Córdoba trate un marco regulatorio específico, en Alta Gracia el pedido de los trabajadores del sector es claro: frenar el avance de un modelo que, según afirman, pone en riesgo una fuente laboral históricamente regulada.
