El tratamiento comenzará en un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente y de Asuntos Constitucionales, paso inicial para que el proyecto obtenga dictamen y pueda ser llevado al recinto en las próximas semanas.
La reforma ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobada el pasado 26 de febrero por 40 votos contra 31, y forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Javier Milei orientada a atraer inversiones en minería e hidrocarburos.
Cambios centrales
El proyecto modifica la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
La iniciativa propone eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares y permitir que determinadas áreas puedan destinarse a la explotación económica, siempre que no cumplan —según nuevos criterios técnicos— una función hídrica comprobable.
Además, el texto otorga mayor protagonismo a las provincias, que pasarían a definir qué territorios conservar bajo protección ambiental y cuáles habilitar para el desarrollo productivo, reduciendo la intervención del Estado nacional.
Debate ambiental y económico
Desde el Gobierno sostienen que la modificación busca generar un marco regulatorio “más dinámico” que facilite inversiones millonarias en regiones cordilleranas, especialmente vinculadas a la minería y la explotación energética.
Sin embargo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas cuestionan la propuesta al considerar que podría debilitar la protección de ecosistemas clave para el equilibrio hídrico. Señalan que los ambientes periglaciares cumplen un rol fundamental en la recarga de cuencas y en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.
Uno de los puntos más discutidos es la introducción del concepto de “formas periglaciares”, que distinguiría entre zonas con valor hídrico comprobado y otras aptas para explotación económica. Sectores críticos advierten que esa definición podría resultar ambigua y habilitar intervenciones en áreas sensibles cercanas a los glaciares.
Inventario y control
El proyecto también prevé la consolidación del Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, organismo responsable de identificar glaciares y ambientes periglaciares y determinar su función hídrica.
De avanzar el dictamen en comisión, el oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto durante marzo, con el objetivo de convertirla en ley en el corto plazo y presentar el nuevo marco normativo ante potenciales inversores internacionales.
