A 50 Años: Una vieja confesión de Menéndez desnuda la "memoria completa"

La idea de una “guerra antisubversiva” como justificación del terrorismo de Estado no solo fue el relato oficial de la última dictadura. También sobrevivió subrepticiamente durante décadas como argumento político, reciclado con fuerza en los últimos años en consignas como la de la “memoria completa”. Sin embargo, esa construcción encuentra una fisura difícil de cerrar en palabras de uno de sus propios protagonistas.

En 1991, el entonces represor Luciano Benjamín Menéndez, ya beneficiado por el indulto presidencial decretado por Carlos Saúl Menem, ofreció una declaración que, leída con atención, dinamita el núcleo de esa narrativa. “Hago aparte la guerra contra la subversión, porque esta empezó en febrero de 1975, y yo le podría decir que la subversión estaba militarmente derrotada antes del 24 de marzo de 1976”, afirmó en una entrevista publicada por el diario Córdoba.

La frase no es menor. No es una interpretación historiográfica ni una denuncia posterior. Se trata de una admisión directa de quien condujo uno de los engranajes centrales del aparato represivo y que murió ostentando el récord de ser el militar argentino con más condenas a prisión perpetua en la historia argentina, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

El argumento de la guerra, sostenido durante años para explicar la magnitud del plan represivo, queda así debilitado desde su propia fuente. Si la amenaza ya había sido neutralizada antes del golpe, la irrupción militar no puede justificarse como una respuesta urgente a un conflicto bélico en curso. Lo que aparece, en cambio, es otra concepción: la de las Fuerzas Armadas como árbitro de la política, con derecho a intervenir cuando considera que el sistema democrático no logra resolver sus crisis.

Esa idea también está presente en las mismas declaraciones. “El partido que estaba en el gobierno no podía gobernar y la oposición no tenía soluciones”, sostuvo Menéndez al describir el contexto previo al golpe. Y agregó: “El objetivo del Proceso, vale recordarlo, era allanar el camino a una democracia estable”. En esa misma línea, explicitó gestiones ante representantes institucionales: “Yo hablé con los diputados y senadores de la jurisdicción… a ver si le hacían juicio político a la señora de Perón y, lamentablemente, por diversas razones, no se pudo hacer”.

El golpe aparece así no como una reacción desesperada, sino como una decisión tomada desde la convicción de que el poder militar debía “ordenar” la vida democrática. Esa lógica de tutela se refuerza en otra de sus afirmaciones: “Nos propusimos que el Estado cumpliera realmente las funciones que le corresponden, que los tres poderes fueran realmente independientes… lamentablemente el Proceso no hizo nada de eso”, admitió por entonces.

La contradicción es evidente. La autoproclamada misión institucional terminó reconociendo su propio fracaso.

Otro país

En ese punto, el análisis se desplaza inevitablemente hacia el terreno económico. El programa implementado bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz dejó un saldo que no puede separarse del contexto represivo que lo hizo posible. El endeudamiento externo se multiplicó de manera exponencial, con el cierre de más de 20 mil fábricas la estructura industrial sufrió un retroceso profundo y el salario real cayó de forma sostenida. La estatización de deudas privadas y la fuga de capitales consolidaron un modelo que favoreció la concentración de la riqueza y debilitó el entramado productivo.

Ese conjunto de medidas no fue un efecto colateral. Requirió de un Estado que eliminara toda forma de resistencia social. La represión ilegal funcionó como condición de posibilidad para una transformación económica que difícilmente habría prosperado en un contexto democrático. La violencia no fue solo política. También fue funcional a un cambio estructural en la distribución del ingreso y en el modelo de desarrollo.

La insistencia en la idea de la “memoria completa” intenta reinstalar una equivalencia que no resiste el análisis histórico ni jurídico. No se trató de dos fuerzas enfrentadas en condiciones similares. Se trató de un Estado que utilizó su aparato para desplegar un plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y desaparición de personas. Las palabras del porpio Menéndez, lejos de reforzar aquella narrativa, la descalifican desde adentro.

A medio siglo del golpe, el debate sobre el pasado reciente sigue atravesado por disputas de sentido. En ese escenario, las fuentes adquieren un valor central. No solo por lo que dicen, sino por quiénes lo dicen. Cuando uno de los responsables directos reconoce que la “guerra” ya estaba definida antes de la toma del poder, el argumento que pretendía justificar el terrorismo de Estado pierde uno de sus pilares más repetidos.

La memoria no es un ejercicio abstracto. Es una herramienta para comprender cómo se construyen los relatos que buscan legitimar la violencia y el autoritarismo. Y también es un campo donde, a veces, las propias voces del pasado dejan al descubierto aquello que intentaron ocultar.