(Córdoba; SN) La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma del Código de Convivencia que prohíbe la actividad de cuidacoches, conocidos como “naranjitas”, y de limpiavidrios en toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fue sancionada con 51 votos a favor y 19 en contra, en una sesión atravesada por cuestionamientos de la oposición y objeciones de la Iglesia Católica.
La norma establece que los municipios deberán adecuar sus ordenanzas en un plazo de 30 días para regular la situación de los cuidacoches. En ese marco, solo podrán desempeñar esa actividad quienes cuenten con autorización local, lo que en la práctica implica la prohibición de los trabajadores informales que hoy ocupan ese rol en la vía pública.
El proyecto también incluye la prohibición de los limpiavidrios, aunque en este caso no se fijó un plazo específico para su regulación.
Además, la reforma endurece las sanciones contra las denominadas “picadas ilegales”, que pasan a ser tipificadas como “reuniones vehiculares no autorizadas”. Las penas previstas incluyen hasta 10 días de trabajo comunitario, multas, arresto, secuestro de vehículos y eventual decomiso.
Durante la votación, el oficialismo logró mayoría con el respaldo de sus aliados, aunque registró una disidencia interna: el legislador Bernardo Knipscheer votó en contra. También rechazaron la iniciativa representantes de distintos espacios, entre ellos sectores libertarios, el Frente de Izquierda y el Frente Cívico, este último alineado con el senador Luis Juez.
Uno de los principales cuestionamientos provino de la Iglesia Católica. A través de la Pastoral Social del Arzobispado, se advirtió que “la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución”, en un comunicado crítico hacia la medida.
En la misma línea, desde la oposición señalaron que la legislación vigente ya cuenta con herramientas para regular la actividad sin necesidad de avanzar en su prohibición total, y calificaron la iniciativa como una respuesta sobreactuada frente a un problema social más amplio.
Con la sanción de la norma, el debate queda abierto en los municipios, que deberán definir cómo implementar los cambios en sus jurisdicciones, en un escenario donde se cruzan la seguridad urbana, el orden público y la situación laboral de sectores informales.
