(Córdoba; SN) La Legislatura de Córdoba debatirá este miércoles un proyecto que busca habilitar únicamente a los “naranjitas” autorizados y prohibir de forma total la actividad de los limpiavidrios en toda la provincia.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, propone modificar el artículo 60 del Código de Convivencia para permitir la intervención de la Policía de Córdoba ante situaciones de cuidado de vehículos sin habilitación o limpieza de vidrios en la vía pública.
De aprobarse, el esquema planteado establece una diferencia central: los cuidacoches podrían continuar trabajando sólo si cuentan con autorización, mientras que la actividad de los limpiavidrios quedaría directamente prohibida en todo el territorio provincial.
El texto prevé sanciones para quienes cuiden vehículos sin autorización que incluyen hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta cincuenta Unidades de Multa o arresto por el mismo plazo. En tanto, quienes incumplan condiciones de habilitación podrían recibir penas de hasta tres días de trabajo comunitario, multas o arresto.
Para el caso de los limpiavidrios, la prohibición sería total, con sanciones que también alcanzan hasta seis días de trabajo comunitario, multas o arresto.
Además, la normativa habilita la intervención de las fuerzas de seguridad, uno de los puntos centrales que impulsa el oficialismo.
Otro de los aspectos clave del proyecto es que, en caso de aprobación, cada municipio deberá definir su propio marco regulatorio. Esto implica que podrán adherir a la normativa provincial o establecer esquemas propios de control o habilitación.
De este modo, el debate no se agotaría en la Legislatura, sino que continuaría en los Concejos Deliberantes de cada localidad.
La iniciativa generó cuestionamientos por parte de la Pastoral Social del Arzobispado de Córdoba, que advirtió que la penalización de estas actividades no resuelve el problema de fondo.
“Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución”, señalaron en un comunicado, donde también plantearon la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva social y económica más amplia.
Desde el Frente Cívico también expresaron su rechazo al proyecto al considerar que se trata de una “sobreactuación” del oficialismo.
Según señalaron, la legislación vigente ya cuenta con herramientas suficientes para regular la actividad de los cuidacoches, sin necesidad de avanzar en nuevas sanciones o modificaciones.
