(Córdoba; SN) En medio del fuerte conflicto interno que atraviesa la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC), el secretario general de la delegación Capital, Franco Boczkowski, denunció que la asamblea provincial que aprobó la última oferta salarial del Gobierno se desarrolló en un contexto “represivo” y con irregularidades que, a su criterio, la vuelven “nula”.
Las declaraciones fueron realizadas en Siempre Radio, luego de una jornada marcada por incidentes en las inmediaciones del auditorio de calle San Jerónimo, donde se registraron enfrentamientos entre delegados y la Policía de Córdoba, uso de gases lacrimógenos y la detención del delegado Pablo Perón, quien fue liberado horas más tarde.
“La asamblea sesionó sitiada, vallada y con presencia de fuerzas policiales con armas largas”, afirmó Boczkowski. Además, sostuvo que hubo efectivos de civil dentro del recinto, lo que calificó como “de una gravedad extrema”.
El dirigente también denunció que delegados departamentales fueron impedidos de ingresar, mientras que, según su versión, sí se permitió el acceso a personal policial infiltrado. “Se le cerró la puerta a delegados y se le abrió a policías dentro del sindicato”, cuestionó.
En relación al resultado de la votación, que terminó con la aceptación de la propuesta salarial del gobierno de Martín Llaryora, Boczkowski fue categórico: “Se consumó un fraude contra la docencia”. Según planteó, la decisión no reflejó el rechazo mayoritario expresado en las asambleas escolares de toda la provincia.
En ese sentido, remarcó que solo en Capital se realizaron cerca de 600 asambleas con mandatos definidos. “Se desconoció todo ese proceso para que un grupo reducido vote a discreción”, señaló.
Pese a las críticas, reconoció que la propuesta incluye mejoras respecto a versiones anteriores, aunque las atribuyó a la presión del sector. “Cada peso que se consiguió fue producto de la lucha docente, pero no alcanza: los docentes seguimos en la pobreza”, afirmó.
Por último, el dirigente adelantó que presentarán una denuncia penal contra el Gobierno provincial por el operativo de seguridad y una impugnación formal contra la asamblea. También cuestionó a la conducción provincial del gremio por no repudiar el accionar policial en el marco de los incidentes.
La asamblea, atravesada por un clima de alta tensión y una interna gremial cada vez más expuesta, dejó como saldo no solo la aprobación de la oferta salarial, sino también un escenario de conflicto abierto dentro del sindicato docente.
