SN
(Córdoba; SN) El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, anunció que impulsará una ordenanza para exigir certificados de antecedentes penales y pruebas de detección de consumo de drogas a la totalidad de los empleados municipales. La decisión fue comunicada en medio de la crisis política desatada tras el femicidio de Agostina Vega y las revelaciones sobre los vínculos entre el principal acusado del crimen y sectores de la estructura municipal.
Según informó el municipio, la iniciativa extenderá requisitos que hasta ahora alcanzaban únicamente a funcionarios de la administración. De aprobarse la ordenanza, todos los trabajadores municipales deberán presentar un certificado de antecedentes penales en un plazo de 30 días y someterse a un narcotest dentro de los 60 días posteriores.
Desde el Palacio 6 de Julio advirtieron que quienes no cumplan con estas exigencias perderán sus cargos.
La medida fue anunciada luego de que se conociera que Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, se desempeñaba como becario municipal y percibía una remuneración en la Escuela de Tránsito de la ciudad.
En paralelo, Passerini dispuso que el actual secretario de Desarrollo Social, Raúl La Cava, finalice la licencia que mantenía en el Concejo Deliberante y reasuma su banca durante esta semana.
La decisión implica la salida del concejal Ricardo Moreno, quien quedó envuelto en la polémica tras reconocer que recomendó el ingreso de Barrelier al municipio y que promovió la incorporación de integrantes de su espacio político a distintas áreas de la administración.
Moreno también admitió haber intervenido en la defensa de Barrelier cuando enfrentó una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad presentada por otra joven. Además, trascendió que Jorge Sánchez del Bianco, socio y yerno del edil, ejerció la defensa legal del acusado hasta poco antes del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega.
La reasunción de La Cava evitará que la oposición avance con un pedido de expulsión contra Moreno en el Concejo Deliberante y permitirá al oficialismo conservar su mayoría legislativa.
La situación también abrió interrogantes sobre los mecanismos de incorporación de personal bajo modalidades precarias dentro de la Municipalidad de Córdoba.
Desde distintos sectores políticos comenzaron a reclamar información sobre la cantidad de becarios y monotributistas que trabajan para el municipio. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios cordobeses, actualmente existirían entre 2.500 y 2.800 becarios que cumplen funciones en distintas áreas de la administración local.
La crisis generada por el caso Agostina Vega se convirtió así en uno de los mayores desafíos políticos que enfrenta la gestión de Passerini, que busca reforzar los controles internos y contener el impacto institucional provocado por el escándalo.
