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(Alta Gracia; SN).- La petrolera británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum minimizaron las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei contra las compañías que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas y ratificaron la continuidad del proyecto Sea Lion.
En un comunicado difundido este viernes, las empresas aseguraron que las nuevas disposiciones del Gobierno argentino no producirán cambios significativos en las actividades previstas ni en los plazos establecidos para desarrollar el yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Las compañías sostuvieron que cuentan con licencias concedidas por las autoridades británicas que administran las islas y remarcaron que mantienen el respaldo del Reino Unido. Argentina desconoce la validez de esos permisos por tratarse de actividades realizadas dentro de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
La respuesta llegó pocas horas después de que Milei anunciara, mediante cadena nacional, un endurecimiento de las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
El cronograma actualizado de Rockhopper Exploration establece que las obras de infraestructura ya se encuentran en marcha y que la perforación de los primeros pozos comenzaría a principios de 2027.
La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028, con una capacidad estimada de alrededor de 55.000 barriles diarios. Una segunda etapa permitiría ampliar considerablemente ese volumen hacia 2030.
Sea Lion se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y representa uno de los proyectos petroleros de mayor magnitud impulsados en el Atlántico Sur.
Navitas controla el 65 por ciento del emprendimiento, mientras que Rockhopper posee el 35 por ciento restante. Las compañías estiman una inversión inicial cercana a los 2.100 millones de dólares.
Además de los beneficios empresariales, el proyecto podría generar miles de millones de dólares en regalías e impuestos para la administración británica de las islas durante las próximas décadas.
Durante su mensaje, Milei calificó el avance de Sea Lion como un peligro “concreto y urgente” para la soberanía argentina y sostuvo que la explotación permitirá al Reino Unido profundizar su presencia en el archipiélago.
El Gobierno publicó posteriormente el Decreto 868/2026, que reglamentó la Ley 26.659 y colocó a Cancillería al frente del procedimiento para aplicar sanciones contra empresas y personas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
La medida estableció plazos más breves para abrir investigaciones, recibir descargos y resolver las sanciones. También incorporó controles para impedir que compañías vinculadas con operaciones en Malvinas puedan acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Sin embargo, las sanciones no son nuevas. La denominada “Ley Solanas”, aprobada en 2011, ya contempla inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para quienes desarrollen actividades petroleras en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Rockhopper y Navitas ya fueron sancionadas anteriormente por el Estado argentino. Aun así, ambas compañías dejaron en claro que esas medidas no afectaron hasta ahora la financiación ni el calendario del proyecto.
La participación de Navitas introduce un elemento diplomático adicional debido al estrecho vínculo que el Gobierno de Milei mantiene con Israel.
El canciller Pablo Quirno aseguró que la situación de la empresa no perjudicará la relación bilateral y recordó que Navitas ya se encuentra sancionada en Argentina. También afirmó que mantiene conversaciones con las autoridades israelíes sobre el conflicto.
Mientras el Gobierno nacional busca aumentar la presión administrativa, económica y judicial sobre las empresas, Rockhopper y Navitas ratificaron que avanzarán con Sea Lion y mantienen el comienzo de la producción para 2028.
La respuesta empresaria abre así el primer desafío concreto para la nueva estrategia presentada por Milei: convertir las sanciones argentinas en un obstáculo efectivo para un proyecto que cuenta con respaldo británico y cuyo desarrollo ya está en marcha.
