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(Alta Gracia; SN).- La Justicia declaró la quiebra indirecta de Tajamar Sistemas Electrónicos S.A., la empresa prestadora del servicio de televisión por cable en Alta Gracia y propietaria de Canal 2. La medida dejó a 16 trabajadores sin empleo y abrió un escenario de profunda incertidumbre sobre el cobro de salarios e indemnizaciones.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Concursos y Sociedades N.º 3 mediante la sentencia 162, fechada el 25 de septiembre. La quiebra se produjo después de que la empresa y sus acreedores no lograran acordar una forma de pago dentro del proceso concursal.
Desde el viernes por la tarde, las instalaciones permanecen cerradas y los trabajadores no pueden ingresar. Según relataron, recibieron un audio del síndico concursal en el que se ordenaba cerrar las puertas, colocar candados y preservar los bienes de la firma.
Sin embargo, aseguran que todavía no recibieron una notificación individual ni una nómina formal de trabajadores desafectados.
“Es un momento muy amargo y difícil. Estamos en una situación de incertidumbre y no sabemos cómo vamos a continuar, porque el mercado laboral está muy complicado”, expresó Rosana Rodríguez, una de las empleadas con mayor antigüedad, durante una entrevista con Siempre Radio 93.3.
Al analizar las responsabilidades detrás del cierre, Rodríguez apuntó contra los actuales propietarios. Sostuvo que asumieron el control de la empresa sin realizar las inversiones necesarias y que, frente al costo de sostener una planta con trabajadores de gran antigüedad, encontraron una salida mediante la quiebra. “La consecuencia la pagamos los trabajadores”, resumió.
Rodríguez ingresó a Tajamar en mayo de 1996 y trabajó durante más de tres décadas en la empresa. Comenzó realizando tareas de limpieza, luego fue delegada del personal y actualmente cumplía funciones gremiales como secretaria de la Mujer y la Familia.
La trabajadora explicó que conocían las dificultades económicas y sabían que la firma se encontraba en concurso de acreedores, pero conservaban la esperanza de que pudiera alcanzarse un acuerdo para garantizar su continuidad.
“Cuando llegó el límite del día 25, los acreedores y la empresa no pudieron acordar la forma de pago. No llegaron a un entendimiento y el juez declaró la quiebra”, relató.
La falta de una comunicación formal agravó la preocupación. Los empleados no saben cómo proceder, debido a que legalmente no pueden ingresar a las instalaciones, pero tampoco recibieron documentación que confirme oficialmente su desvinculación.
“Cada trabajador tiene dudas sobre los pasos a seguir. Si no voy a trabajar, pueden intimarme por no presentarme, pero tampoco podemos entrar a la empresa”, explicó Rodríguez.
Los trabajadores cobraron sus haberes hasta agosto, aunque durante los últimos meses atravesaron reiteradas demoras y debieron realizar asambleas, retenciones de tareas y medidas de fuerza para exigir el pago completo de los salarios.
Ahora reclaman cobrar septiembre, el último mes trabajado antes del cierre.
El abogado del Sindicato Argentino de Televisión, Ricardo Benedicto, solicitó a la sindicatura la documentación necesaria y el reconocimiento del pronto pago de los créditos laborales. También reclamó que se informe oficialmente la nómina de trabajadores alcanzados por la quiebra.
La declaración judicial no significa automáticamente que los empleados pierdan el derecho a reclamar indemnizaciones. Sin embargo, el cobro dependerá del patrimonio disponible, de la verificación de los créditos laborales y del desarrollo del proceso judicial.
Mientras tanto, cada trabajador también comenzó a buscar asesoramiento legal por su cuenta.
Rodríguez también reconstruyó el último cambio de manos de Tajamar. Según relató, cuando Supercanal se desprendió de la empresa, un 15% de las acciones permaneció en manos de los hijos de Norberto Roma, quien había sido gerente de la firma. El resto quedó vinculado a capitales mendocinos: la trabajadora mencionó a Arón Mazal y aseguró que Alfredo Vila era quien permanecía al frente de la compañía.
Para Rodríguez, fue durante esa etapa cuando se profundizó la falta de inversiones y comenzaron a reducirse las posibilidades de recuperar abonados y sostener la actividad.
Sostuvo que la crisis de la televisión por cable y el crecimiento de las plataformas digitales afectaron a la firma, pero aseguró que los trabajadores habían presentado propuestas para recuperar abonados y mejorar los servicios.
Según su testimonio, uno de los principales problemas fue la falta de inversiones necesarias para competir en un mercado que cambió profundamente durante los últimos años.
“La empresa tenía una cartera de abonados y podía haber seguido subsistiendo. Los trabajadores presentamos propuestas para recuperar clientes, pero si no se invierte y no se ofrecen mejores servicios, todo se empieza a caer”, afirmó.
También apuntó contra los actuales propietarios y consideró que fueron los trabajadores quienes terminaron soportando las consecuencias del deterioro empresarial.
“Se encontraron con que tenían mucho que invertir y buscaron una forma legal para salir. La consecuencia la pagamos los trabajadores”, cuestionó.
El sindicato comenzó a distribuir los currículums de los trabajadores para intentar que puedan incorporarse rápidamente a otras empresas del sector o encontrar empleo en diferentes actividades.
Rodríguez pidió solidaridad con quienes quedaron sin su fuente laboral y remarcó que detrás del cierre existen 16 familias que dependen de esos ingresos.
“Son 16 familias que quedaron en la calle, que están sin trabajo y necesitan volver a trabajar para poder llevar el pan a sus casas”, concluyó.
