El pasado fin de semana, Patricia Bullrich -quien no ocupa cargo alguno en la Nación, pero sí es presidenta del PRO- viajó a Córdoba utilizando pasajes que el pueblo argentino destina a sostener la labor de sus representantes. En este caso, se trató de tickets del Senado de la Nación asignados a la senadora Laura Rodríguez Machado.
Los pasajes oficiales tienen como destino posibilitar las tareas de representación, aunque en este caso, los utilizó Bullrich, quien no ocupa rol alguno al respecto.
Por otra parte, el objetivo del viaje no fue una acción relacionada al quehacer estatal, sino que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri vino a Córdoba para participar de una manifestación opositora al gobierno.
“Los senadores tenemos 10 pasajes al mes para disponer para personas que no cumplen funciones dentro de la Cámara si por razones políticas tienen que trasladarse en distintos puntos de la Argentina, es un procedimiento legal, autorizado por el sector administrativo del Senado", se defendió Rodríguez Machado, ante la difusión del tema.
Sin embargo, ante la evidente indignación ciudadana, Bullrich anunció: "Voy a devolver el dinero del pasaje a Córdoba, devolverle la plata al Senado, porque es dinero de la gente", dijo.
Cabe preguntarse por qué Bullrich reintegrará el dinero si -al decir de Rodríguez Machado- se trata de una acción absolutamente legal.
La respuesta provino nuevamente de la exministra, quien reiteró que se trata de "un procedimiento legal pero que riñe con mi ética y la de la senadora. Una confusión administrativa que subsanamos".
Y otra vez a preguntarse… ¿Cuál fue la confusión? ¿Se equivocaron de tarjeta de crédito? Si la compra riñe con la ética de ambas dirigentes involucradas… ¿por qué lo hicieron? Como sea, la confusión administrativa implicó -bajo el invocado paraguas legal- usar el dinero del pueblo en lugar del propio.
Si el episodio no hubiera tomado estado público, ¿no habría conflicto ético? ¿habría Bullrich reintegrado el dinero?
¿O habrían seguido administrativamente confundidas?
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