La violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que debilita a la democracia y a sus instituciones, ya que es una de las principales barreras para el ejercicio libre del poder porque tiene un efecto disciplinante, que va más allá de la mujer atacada. Es notoria la direccionalidad de la violencia hacia aquellas mujeres que rompen con las estructuras políticas patriarcales, con los estereotipos de género y que desafían los patrones machistas incluso al interior de sus fuerzas políticas.

Como en todas las luchas contra hegemónicas, la participación de las mujeres en la vida política no solo trajo avances, sino que también reactivó la misoginia de las que son blanco aún hoy, con discursos violentos, agravios, discriminaciones y campañas de desprestigio, las mujeres que intervienen en política. La violencia política en razón de género limita las posibilidades de incidencia y de participación de las mujeres, pasando esta violencia de la esfera privada a la pública, y siendo una problemática a la que los países no pueden hacer caso omiso sino que deben hacerse cargo.

Cabe recordar que los derechos políticos son derechos fundamentales que los Estados deben garantizar, así lo disponen instrumentos constitucionales e internacionales y que en Argentina cuentan con jerarquía constitucional.

Desde hace décadas, y a partir de la democratización de los países de América Latina, movimientos de mujeres han impulsado luchas con el fin de disminuir las brechas de género existentes en todos los ámbitos de la sociedad. A partir de ello, se han empezado a visibilizar, aún con más notoriedad, las desigualdades existentes en la región en materia de participación política hacia determinados grupos, entre ellos, las mujeres y diversidades - aun cuando estas representan más de la mitad de la población mundial - .

Ante esta situación, los organismos internacionales, regionales, y los propios Estados empezaron a generar distintas herramientas, mecanismos y normativas, especialmente a partir de la década de 1990, en pos de avanzar hacia la igualdad de oportunidades; provocando un avance cada vez más amplio y activo de las mujeres en los espacios de poder.

Hoy son 11 los países que en nuestra región, incluida la Argentina, tienen normativa sobre violencia política en razón de género. Sin embargo, como señalan Flavia Freidenberg y Karolina Gilas en un estudio comparado, no todas tienen los mismos resultados porque difieren en materias de las sanciones, las medidas de protección y los mecanismos establecidos para la reparación a las víctimas.

Hace pocos días, la Misión de la OEA sobre la violencia política contra las mujeres analizó los ataques sufridos por mujeres en su actividad política en nuestro país y donde los discursos de odio pavimentaron el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Este Comité de Expertas constató que estas manifestaciones de violencia "no son hechos aislados", si no que se trata de "una práctica ampliamente tolerada por parte de los órganos del Estado, que parece ser sistemática" y que ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación".

Entre las recomendaciones de la delegación de mujeres de la OEA se solicitó al Estado Argentino implementar: un protocolo que coordine la actuación de los órganos competentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política, como así también la efectiva resolución de los casos.

Como es notorio la representación política de las mujeres ha avanzado a partir de las luchas colectivas del movimiento de mujeres y de las dirigentes en los distintos partidos políticos para ampliar la participación en los ámbitos legislativos por medio de las leyes de cupo y paridad. Sin embargo las mujeres siguen estando subrepresentadas en el poder ejecutivo y judicial, y su participación en la toma de decisión al interior de los partidos políticos es aún limitado. En todos estos ámbitos de poder la violencia política constituye un instrumento no solo para reprimir a aquellas mujeres que participan en política, sino también para evitar que otras, que ven la posibilidad de involucrarse en la militancia como una herramienta de transformación, lo hagan.

Por eso el camino hacia una Democracia Paritaria requiere un acceso igualitario de las mujeres y hombres a cargos de decisión en condiciones libres de discriminación y violencia, con normativas exigentes con capacidad de prevención, sanción y reparación, con partidos políticos que promuevan protocolos de violencia política que condenen a los violentos y no criminalicen a las víctimas y con un Estado que promueva acciones para generar los cambios culturales imprescindibles que toda lucha contra hegemónica requiere.

(*) Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Docente universitaria (UNSO/USAL/INCAP).