Dique Chico: “Nuestro hijos tienen glifosato en el cuerpo”

(Sumario Noticias, Dique Chico) La lucha de los vecinos de la comuna de Dique Chico contra las fumigaciones con glifosato dentro del ejido urbano de la ciudad no cesa.

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con productos fitosanitarios en un radio de 500 metros alrededor del límite externo del predio donde funcionan la escuela rural Bernardo de Monteagudo y el jardín de infantes Mariano Moreno, en la comuna de Dique Chico. Esto, por entender que los niños, niñas y adolescentes constituyen un colectivo “especialmente vulnerables” y, por eso mismo, son “merecedores de una tutela ambiental reforzada o de mayor espesor”.

El fallo se presenta como alentador por donde se lo mire, pero olvida un pequeño detalle, el resto del pueblo, que se encuentre a más de 500 metros de los establecimientos educativos puede ser fumigado libremente.

“Nada ha cambiado.  Tenemos angustia, tristeza y bronca porque estamos reconfirmando que la salud de nuestros hijos está siendo afectada y que eso no le importa ni a las autoridades provinciales ni a la Justicia”, aseguró indignado Esteban José, miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, a los micrófonos del programa radial Juntos a la Par, de Siempre Radio 93.3. “El fallo es una forma de mostrar que la Provincia y la Justicia no contempló la situación. Ratificó que no se puede fumigar a 500 metros de la escuela pero si a todo el pueblo. El año pasado los chicos no fueron a la escuela, pero nos fumigaba el pueblo igual”.

En relación a la tremenda situación, la Asamblea emitió un fuerte comunicado:

Glifosato y daño genético en niños/as de Dique Chico

Después de más de 5 años de resistencia y lucha colectiva en nuestro pueblo, hoy queremos manifestar ante la sociedad toda la grave situación que nos encontramos atravesando. A inicios de 2020, profundamente preocupados por la continuidad de las fumigaciones y sus efectos sobre la salud humana, solicitamos a la Dra. Delia Aiassa y su equipo de profesionales comprometides con la ciencia digna, la realización de Estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- . Los resultados son contundentes: una vez más, lo que antes fue considerado por la justicia como una probabilidad, hoy es una certeza que nos enfrenta a una verdad dolorosa. Las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en  momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos ("daño genético") dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020.

Este estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 km de la capital, en el Valle de Paravachasca. Realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5Km de nuestra localidad y domiciliados en Dique Chico.

Cabe recordar que, tal como lo sostiene la Dra. Aiassa en su Informe de 2018, que “un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones / daño / rupturas”.  Ese “daño genético” se advierte -aunque con diferencias- en ambos muestreos, en Febrero y en Noviembre. “Los mayores valores individuales de MN se observan en la primera toma de muestras y se corresponden con los niños con valores detectables de glifosato y AMPA en orina”.

El agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?

Denunciamos la completa desprotección de nuestros derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera en 2017 -a pedido de productores locales-, la suspensión de la Resolución 242/17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.

Las medidas tomadas por la Cámara en su auto resolutorio n° 109 en 2018, a raíz de aquel primer informe de la Dra. Aiassa (2018), y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de abril, SOLAMENTE limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo.

Por lo tanto, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, confirmando esa resolución de la Cámara y dando a entender que fue dictado en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre.

En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo. Hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas. Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. No es sencilla la tarea, pero es mucho lo que hemos avanzado en estos años de compromiso inclaudicable y resistencia colectiva. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es conciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos.

Aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo.

Exigimos a la Justicia de Córdoba la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico.

Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos.

Por ellos, por todos, les decimos: Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Dique Chico, 26 de abril de 2020