El ex ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, sumó una nueva acusación por presuntas "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas calificadas", delitos denunciados por una expareja del legislador provincial en uso de licencia.
Géneros12 de diciembre de 2023 Redacción SN
(Télam. Córdoba) El fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno, Gerardo Reyes, quien tiene a cargo la investigación, resolvió agravar la situación procesal de Mosquera al sumar el delito de 'abuso sexual', además de la "prohibición de salir del país sin la autorización judicial".
De acuerdo con la denuncia promovida recientemente por una mujer policía de 34 años, ella venía manteniendo una relación sentimental con Mosquera desde hacía dos años, y, en ese período, sufrió actos de violencia.
El abogado Marcelo Touriño, representante legal de la víctima, había manifestado a los medios locales que, en el proceso de investigación, se recolectaron "pruebas importantes que sustentan la denuncia".
En ese sentido había mencionado comunicaciones telefónicas, mensajes, correos electrónicos y otros elementos.
Luego se conoció que Mosquera fue imputado por el fiscal Reyes por los delitos de 'lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género' (cuatro hechos); 'privación ilegítima de la libertad' (dos hechos); 'hurto' (tres hechos); 'amenazas calificadas' (cuatro hechos); y ahora 'abuso sexual con acceso carnal' (cuatro hechos).
En declaraciones recientes el ex funcionario había negado los hechos pero sí admitido que tuvo una "relación irregular" con la denunciante y públicamente pidió "perdón" a su esposa y toda la familia.
Mosquera fue funcionario provincial de la gestión del gobierno de Juan Schiaretti, y en las últimas elecciones locales del 25 de junio fue electo legislador provincial por el espacio de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), función del cual tuvo que solicitar licencia a partir de la causa judicial.
Se desempeñó como ministro de seguridad desde diciembre de 2019 y el 20 de setiembre de 2022, cuando renunció forzado por las sospechas de encubrimiento institucional que comenzaron a surgir durante el juicio por el crimen de Valentín Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por efectivos policiales durante un control vehicular en agosto de 2020.
En ese juicio se condenaron a 11 de los 13 policías acusados y se pidió investigar a Mosquera y otros funcionarios, causa que se encuentra en etapa de instrucción.
Este lunes, el fiscal de la causa, Pablo Jávega informó que se trata de Roberto Bárzola, quien se desempeñaba como parquetista en la vivienda de Nora Dalmasso. Su ADN fue identificado en el cinturón de la bata de la víctima, gracias a un estudio realizado por la Universidad de Florida, Estados Unidos.
Se trata del segundo crimen mediado por violencia de género que ocurre en la provincia en menos de 24 horas. El martes se reportó el femicidio de Jésica Domínguez y este miércoles la víctima fue Paulina Elizabeth Silva. Por el hecho se encuentra detenido su esposo, quien confesó el asesinato.
El femicidio se produjo en una casa de Villa Boedo, en la zona este de la ciudad de Córdoba. La víctima fue encontrada por su hija de 13 años. El agresor tiene heridas de arma blanca.
Se trata de Agustina Sosa, quien el pasado viernes se encontraba cubriendo la sesión del Concejo Deliberante para el medio Sin Anestessia, cuando el edil oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba habría increpado a la prensa.
Se trata de la película que retrata la vida de Carlos Jáuregui, quien impulsó la primera Marcha del Orgullo en Argentina. La actividad será en el Cine Club Casero, con entrada gratuita.
El ministro de Cooperativas y Mutuales, actualmente de licencia en su cargo, es acusado por delitos de lesiones leves, calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en perjuicio de su ex pareja Lourdes Astudillo.
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El accidente se registró sobre la autovía 36, durante la madrugada de este martes.
La iniciativa prohíbe ejercer cargos electivos o ser funcionario público provincial a quienes hayan sido condenados en segunda instancia.
Los datos fueron revelados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)
