"Incluye reformas profundas, necesarias, urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", afirmó el vocero presidencial. Además, se refirió a la marcha de la CGT a Tribunales, los dichos del Presidente sobre posibles "coimas" en el parlamento y la llegada de la internet satelital al país.
Política27 de diciembre de 2023 Redacción SN
(Télam, Buenos Aires) El Gobierno reafirmó este miércoles que en las "próximas horas" enviará al Parlamento los proyectos de ley incluidos en el temario de convocatoria al período de sesiones extraordinarias hasta el próximo 31 de enero, que comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.
"El texto se va a dar a conocer en las próximas horas e incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral", anticipó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Sobre los proyectos, dijo que "quedarán en manos de senadores y diputados que deberán elegir si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia que consideramos que no es responsabilidad solo de un gobierno sino que son décadas de frustración y de fracasos de la política argentina que nos han traído hasta esta situación; o si efectivamente colaboran con volver al camino de la libertad y a las ideas que nos llevaron a ser un país rico"
El vocero presidencial explicó que el presidente Javier Milei enviará el paquete de leyes "titulado 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', en alusión a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres de nuestra patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente".
Para Adorni, "claramente después de que se sancionó la Constitución nos convertimos poco a poco en uno de los países más ricos del mundo siempre teniendo como faro las ideas correctas, que son las que volvemos a abrazar a partir de la presidencia de Milei en torno a la defensa de la vida, la libertad, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la cooperación social".
Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde este martes -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única.
La convocatoria a sesiones extraordinarias está plasmada en el Decreto 76/2023, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Sobre la marcha de la CGT
En otro pasaje de su conferencia, Adorni informó que ya se recibieron 20.000 llamadas a la línea 134, de las cuales 1.500 "aportaron datos relevantes de extorsionadores" para participar de la movilización convocada por la CGT y otras organizaciones sociales a Tribunales, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía.
Celebró además que la CGT "haya pedido autorización" para marchar a la Plaza Lavalle, frente al porteño palacio de Tribunales, y confirmó que ya se aplica el protocolo de orden público, con el lema "la calle no se corta".
"Si hay pedido de coima o soborno, el Presidente lo denunciará"
Adorni afirmó que, "cuando haya una identificación de pedido de coima o soborno" en el Congreso, "obviamente es una obligación legal denunciarlo y así lo hará" el presidente Javier Milei "en caso de que eso ocurra".
En rueda de prensa en Casa de Gobierno, el vocero aclaró que -en sus declaraciones del martes- Milei "no hacía referencia a nadie en particular" y agregó: "Se va a tratar de evitar que la ley o el propio DNU en su camino legislativo entre en una senda donde se negocien beneficios particulares".
El ex gobernador de Misiones, Carlos ROvira habría admitido en un encuentro con dirigentes de su espacio que el Presidente fue quien lo llamó para que los dos legisladores de su provincia no acompañen la iniciativa en el recinto.
El proyecto de Ley establece que los dirigentes condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la administración pública o violencia de género, no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.
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