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(Buenos Aires; SN).- Después de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, demorar su aplicación, judicializarla e intentar desarmar sus principales garantías mediante el Presupuesto 2027, el Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás y presentó una iniciativa propia que recupera buena parte de aquello que había rechazado.
El nuevo texto fue puesto a consideración de los bloques aliados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuando la oposición se encaminaba a conseguir un dictamen para extender la emergencia hasta finales de 2027.
La propuesta oficialista busca convertir en permanentes varios derechos contemplados por la legislación vigente, sin prorrogar formalmente la declaración de emergencia. Sin embargo, la oposición desconfía de un Gobierno que se resistió a aplicar esas mismas medidas y exige que retire el capítulo VI del Presupuesto, donde todavía permanecen los artículos que las recortan.
El giro ocurrió apenas unos días después de que el Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de Presupuesto que modificaba aspectos centrales del sistema de discapacidad.
La primera propuesta retomaba el concepto de “invalidez laboral” como requisito para acceder a una pensión, establecía la incompatibilidad del beneficio con cualquier empleo registrado y eliminaba la existencia de un valor único para las prestaciones en todo el país.
De aprobarse ese capítulo, cada obra social, prepaga u organismo financiador podría establecer valores diferentes para servicios como rehabilitación, transporte, apoyo educativo, centros de día y hogares.
Los cambios provocaron el rechazo de organizaciones, prestadores, familias y legisladores de distintos bloques. También abrieron una crisis dentro del propio oficialismo: Patricia Bullrich reconoció que las modificaciones no habían sido informadas previamente en la mesa política del Gobierno.
Ante ese escenario, La Libertad Avanza hizo circular una nueva propuesta que conserva buena parte de los derechos incorporados por la Ley 27.793.
Según el texto conocido durante las negociaciones parlamentarias, la iniciativa mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% de la jubilación mínima y permite compatibilizarla con un empleo registrado mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos.
También garantiza la cobertura de salud, sostiene los beneficios impositivos para quienes contraten personas con discapacidad y conserva el nomenclador nacional con valores iguales para todas las entidades obligadas.
El sistema de actualización de los aranceles también permanecería vigente. Este punto resulta central para instituciones y profesionales que durante los últimos años denunciaron que los montos abonados no alcanzaban para cubrir salarios, transporte, insumos y gastos de funcionamiento.
Además, la propuesta reconoce las compensaciones pendientes para los prestadores por el atraso acumulado durante 2023 y 2024. El texto establece que las partidas destinadas al sistema no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.
El oficialismo incorporó, a su vez, un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Según la propuesta, los controles deberán respetar el debido proceso y permitir que las personas puedan presentar documentación antes de sufrir una suspensión.
La presentación del nuevo esquema no resuelve uno de los principales cuestionamientos formulados por la oposición: el capítulo VI continúa incorporado al proyecto de Presupuesto 2027.
Mientras el nuevo texto promete conservar las pensiones compatibles con el trabajo y el arancel único, el Presupuesto enviado por el mismo Gobierno propone exactamente lo contrario.
Por ese motivo, los bloques que impulsan la extensión de la emergencia reclaman que el Ejecutivo retire formalmente los artículos cuestionados. La presentación de otro proyecto no anula automáticamente el contenido del Presupuesto ni garantiza que los recortes hayan sido descartados definitivamente.
“¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron?”, cuestionó el diputado Pablo Juliano, uno de los firmantes de la iniciativa opositora.
Las dudas no se explican solamente por la contradicción entre ambos proyectos. El Gobierno ya se opuso a la Ley de Emergencia en Discapacidad cuando fue aprobada por el Congreso en 2025.
Milei vetó la normativa con el argumento de que comprometía el equilibrio fiscal. Diputados y Senadores rechazaron el veto, pero el Ejecutivo demoró su aplicación y la reglamentó recién después de que la Justicia ordenara ponerla en vigencia.
Ahora, el oficialismo presenta como una solución permanente varios de los derechos contenidos en aquella misma ley.
La oposición interpreta el giro como una consecuencia directa de la movilización del colectivo de personas con discapacidad y de la falta de votos para sostener los recortes dentro del Congreso.
Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda fueron convocadas este miércoles para emitir dictamen sobre el proyecto opositor, que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
El oficialismo intentará avanzar con su propio esquema, bajo el argumento de que las prestaciones y los beneficios no deben depender de una situación excepcional, sino quedar incorporados de manera permanente a la legislación.
La diferencia no es solamente el nombre. La prórroga obliga a reconocer que el sistema todavía atraviesa una emergencia y mantiene activas las herramientas especiales aprobadas por el Congreso. La propuesta oficialista busca cerrar esa etapa y reemplazarla por un nuevo régimen.
La marcha atrás del Gobierno representa una primera victoria de las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores e instituciones. Pero todavía no existe una garantía definitiva: dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso, de las partidas presupuestarias asignadas y, sobre todo, de que el Ejecutivo cumpla una ley que hasta ahora intentó frenar por todos los medios.
