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(Buenos Aires; SN).- La Justicia volvió a poner un límite al ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en cinco días con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles establecida por la Ley de Financiamiento Universitario.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 concluyó que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, no alcanza para demostrar el cumplimiento total de la medida cautelar vigente.
Si el Gobierno mantiene el incumplimiento una vez vencido el plazo, el magistrado podrá aplicar multas económicas por cada día de demora.
Según los cálculos incorporados al expediente, la recomposición necesaria para cumplir con la normativa representa un incremento salarial del 33% para el personal docente y no docente.
La resolución judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. El primero establece la actualización de los salarios de acuerdo con la inflación y la convocatoria periódica a negociaciones paritarias.
El segundo ordena recomponer los programas de becas estudiantiles, entre ellos Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, tomando como referencia la evolución de los precios. También contempla un aumento progresivo en la cantidad de beneficiarios.
El Gobierno intentó demostrar el cumplimiento de la cautelar mediante la documentación vinculada con el acuerdo alcanzado en junio. En aquel momento se estableció un aumento del 24,33% sobre la masa salarial, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano.
El propio Consejo Interuniversitario Nacional había advertido que esas medidas representaban un avance, pero no resolvían el deterioro acumulado ni implicaban el cumplimiento integral de la ley.
Cormick coincidió con ese planteo y sostuvo que el acuerdo firmado no era suficiente para considerar solucionado el conflicto. El magistrado ya había rechazado un pedido del Gobierno para levantar la cautelar y le había ordenado documentar el nivel de cumplimiento alcanzado.
Tras analizar la respuesta de Capital Humano, concluyó que todavía persisten obligaciones pendientes.
La medida cautelar fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y permanece vigente mientras continúa la discusión judicial de fondo.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por Milei. Sin embargo, ambas cámaras rechazaron el veto con los dos tercios necesarios y la norma terminó promulgada.
Desde entonces, rectores, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes reclaman su implementación efectiva frente a la pérdida salarial, el atraso de las becas y las dificultades presupuestarias que atraviesan las casas de estudios.
La resolución tiene alcance sobre todo el sistema universitario nacional y, por lo tanto, también impacta en las instituciones públicas de Córdoba y en los miles de estudiantes de la provincia que dependen de las becas nacionales para continuar sus carreras.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, celebró la decisión judicial.
“Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”, expresó.
Bartolacci aseguró que las universidades mantendrán su reclamo hasta que la ley sea aplicada de manera integral.
El Gobierno deberá ahora acreditar en cinco días que avanzó con la recomposición de salarios y becas. Si vuelve a presentar información insuficiente o persiste el incumplimiento, quedará expuesto a las multas diarias advertidas por el juez.
