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Jorge Conalbi Anzorena
(Por Jorge Conalbi Anzorena) Este 24 de marzo, el gobierno nacional difundió un video con la evidente intención de hacer justamente lo que denuncia: cambiar la versión de la historia.

A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a la carga: "No fueron 30.000", dijo al cumplirse el 48° aniversario del inicio de la mayor tragedia argentina, cuyos nefastos efectos históricos no son diferentes de acuerdo a la cantidad de desaparecidos. ¿O acaso es menos grave si fueron ocho mil?
Cuando se apela a los registros oficiales -Conadep o cantidad de reparaciones económicas, entre otras- se omite analizar que se trata de registros incompletos.
La Conadep actuó entre el 15 de diciembre de 1983 y el 20 de septiembre de 1984, ventana histórica signada por el absoluta certeza social de que un nuevo golpe de Estado sería inevitable y, por lo tanto, el temor a esa alternativa evitó miles de denuncias. Muchas se hicieron 20 años después, aunque también muchos de los familiares de las víctimas, ya habían fallecido.
En el caso de las reparaciones económicas, buena parte del movimiento de Derechos Humanos se negó a percibirlas, y por lo tanto, a gestionarlas: "No a la reparación económica: Las Madres de Plaza de Mayo rechazan, repudian y maldicen las reparaciones económicas que paga el Estado argentino a los familiares de los desaparecidos. Por supuesto, jamás las cobraron. Para ser Madre de Plaza de Mayo e integrar la organización, es condición imprescindible no haber cobrado dinero por la vida de los desaparecidos. Para las Madres, la vida sólo vale vida", sostuvo históricamente la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organización cabecera del movimiento.
En realidad, los únicos que tienen el exacto registro de la cantidad de víctimas de la Dictadura Cívico Militar, son justamente sus responsables: Jamás lo dijeron. Jamás mostraron la dimensión del "enemigo derrotado", como suelen hacer los vencedores de una guerra. Jerarcas y cuadros altos y medios de la represión ilegal sellaron un hasta hoy inquebrantable pacto de silencio, que en la mayoría de los casos se llevaron a su tumba en los últimos años.
Por qué son 30.000
No obstante, cabe detenerse a analizar el origen de los 30.000, cifra estimada de la cantidad de víctimas de la Dictadura Cívico Militar.
Quizá quien mejor lo haya expresado fue Eduardo Luis Duhalde (1939-2012), quien ocupó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2003 y su fallecimiento en 2012. Dhualde, quien fuera abogado de presos políticos, defensor en organismos de Derechos Humanos y juez en lo criminal hasta el momento de asumir en el gobierno nacional.
En 2009, Duhalde respondió a los primeros atisbos negacionistas, con la siguiente enumeración de datos objetivos que permitieron estimar la cifra en 30.000 víctimas.
a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan el número de 500.
b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.
d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.
e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02 de enero de 1976).
f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.
De allí que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa.
No obstante, hoy como ayer, aún existe una remota posibilidad de que los responsables de semejante matanza exhiban sus registros. Sólo ellos, los que quedan, pueden dar cuenta hasta de los decimales, pero se juramentaron no hacerlo.

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