(SN; Córdoba) El legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó un proyecto que busca modificar la ley 10.326 para prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio cordobés. La iniciativa, que se fundamenta en supuestos vínculos entre estas cooperativas y prácticas extorsivas, generó polémica tanto por su contenido como por el enfoque del legislador.
Hernández Maqueda, exintegrante de la Coalición Cívica y actualmente en el bloque unipersonal "Mejor Futuro", denunció que el actual marco legal permite a los municipios tercerizar la seguridad y el cobro de estacionamiento a grupos que, en sus palabras, actúan bajo una lógica “mafiosa” y “extorsiva”. Aseguró que detrás de la figura del cuidacoches se esconde una estructura de clientelismo, violencia y corrupción amparada por el Estado.
"Esto no es trabajo, es violencia. No agrega valor ni dignifica", sostuvo, sin matices, el legislador, quien comparó la situación con "una forma de esclavitud moderna". Según su diagnóstico, la actividad de los “naranjitas” no solo pone en riesgo la seguridad ciudadana, sino que además impone un “doble o triple pago” por un servicio que ya cubren los cordobeses a través de impuestos.
Sin embargo, su planteo genera interrogantes. Aunque reconoce que muchas personas encuentran en esa actividad su único sustento, Hernández Maqueda propone un periodo de transición de hasta un año durante el cual el Estado debería capacitar a los cuidacoches y ofrecer asistencia para tratar problemas de adicciones. No obstante, el plan carece de detalles concretos sobre su financiamiento, alcance y mecanismos de implementación.
Consultado sobre la realidad en ciudades del interior, como Alta Gracia, el legislador admitió que no hay antecedentes relevantes de violencia por parte de cuidacoches en esos lugares. Aun así, defendió su propuesta como una medida de "igualdad ante la ley": “No puede haber cordobeses de primera y cordobeses de segunda”, afirmó.
Pero uno de los puntos más polémicos de la entrevista se dio cuando vinculó a algunos referentes de cooperativas de cuidacoches con ideologías de izquierda y una supuesta retórica de odio. Aunque luego aclaró que no se refería a todos, sí señaló que ciertos líderes promueven “una dialéctica comunista de opresores y oprimidos”, lo que –según él– alimenta un clima de violencia especialmente en la ciudad de Córdoba.
“Los lídes de las cooperativas de naranjitas tienen un componente ideológico de izquierda, de un resentimiento muy grande, que Inoculan ideas y odio en sus asociados, replicando esta lógica del opresor oprimido, una dialéctica que proviene del comunismo.”
La generalización, las asociaciones ideológicas sin evidencia concreta y el tono punitivista del proyecto despiertan críticas no solo desde sectores sociales, sino también desde quienes consideran que se está criminalizando la pobreza sin ofrecer soluciones estructurales. En lugar de atender las causas de fondo de la informalidad laboral y la exclusión social, el proyecto parece centrarse en la represión de sus manifestaciones más visibles.
Denuncia penal y pedido de desafuero
Tres cooperativas de trabajadoras y trabajadores naranjitas —Tosco Vive, Bicentenario Social y CBA— presentaron en abril una denuncia penal contra el legislador Gregorio Hernández Maqueda. Lo acusan de discriminación, incitación al odio, intromisión pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La abogada Mabel César, representante legal de las cooperativas, explicó que la denuncia se basa en expresiones públicas del legislador que, según sus dichos, reproducen un discurso de odio sistemático desde 2023, profundizado en 2024 con la presentación del proyecto para prohibir la actividad de los naranjitas. “Tras un análisis exhaustivo de sus declaraciones en medios y redes sociales, decidimos avanzar en la vía penal”, señaló.
César remarcó que las personas que integran las cooperativas “son trabajadores humildes” que cuentan con personería jurídica y concesiones otorgadas por la Municipalidad de Córdoba, lo que les permite ejercer legalmente su actividad en algunas calles de la ciudad. Denunció que el legislador “los tilda de extorsionadores, drogadictos, ladrones y promotores de ideas soviéticas”, afirmaciones que —según indicó— no se corresponden con la realidad cotidiana.
“Él tiene la obligación legal de denunciar ante la Justicia si tiene pruebas de que alguien comete un delito, no usar su investidura para estigmatizar a una población entera”, subrayó la abogada, y agregó que ya se cuentan al menos 17 ocasiones en las que el legislador “propagó odio y discriminación”.
Además, la denuncia incluye el pedido de retiro de fueros, al considerar que el legislador habría excedido los límites de la inmunidad parlamentaria, incurriendo en conductas punibles. “La libertad de expresión no ampara el discurso de odio”, sentenció César.
Finalmente, recordaron que el año pasado el proyecto no fue aprobado por la propia Legislatura, donde fue tachado de discriminatorio y racista por otros legisladores, debido a los fundamentos ideológicos sobre los que se apoya.
“No todos los naranjitas son delincuentes. Es más, la mayoría son personas que con ese trabajo llevan el pan a sus casas. Si hay delitos, los debe investigar la Justicia, no se puede generalizar ni criminalizar a quienes trabajan en cooperativas reconocidas por el Estado”, concluyó César.
Entrevista a Gregorio Hernández Maqueda:
Entrevista Mabel César, Abogada:
