
El presidente formalizó la salida de José Luis Vila de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. En la Casa Rosada anticipan más desplazamientos de funcionarios vinculados al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.


Once muertos en tres días reavivan el debate sobre el abandono de las rutas nacionales y el impacto fatal del ajuste en obra pública.
Política27 de julio de 2025
Jorge Conalbi Anzorena
(SN) - Las vacaciones de invierno en Argentina quedaron marcadas por una sucesión de tragedias en rutas nacionales que, lejos de ser episodios aislados, revelan una profunda crisis estructural vinculada a las decisiones políticas del gobierno nacional. En apenas tres días, once personas murieron y decenas resultaron heridas en siniestros viales ocurridos en Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. A la imprudencia al volante o las condiciones climáticas adversas, se suma un factor ineludible: el estado de abandono de las rutas nacionales.

La política del presidente Javier Milei en materia de infraestructura vial ha sido clara desde su asunción: la obra pública es considerada un “curro” y, por ende, ha sido desmantelada. En ese marco, el anuncio reciente de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad no solo desmantela una institución clave en el mantenimiento de rutas, sino que consolida el desinterés estatal por garantizar condiciones mínimas de seguridad para el tránsito interprovincial.
El Gobierno Nacional ha dejado de enviar fondos para infraestructura, ha paralizado obras ya iniciadas y ha quebrado la cadena de mantenimiento que, en territorios extensos y con climas adversos como el argentino, resulta vital. El resultado no tarda en aparecer: pavimentos deteriorados, señalización deficiente, pasarelas colapsadas, banquinas erosionadas, demoras interminables en reparaciones. Y detrás de cada omisión estatal, hay vidas perdidas.
El legislador cordobés Miguel Siciliano recordó esta semana un dato alarmante: el 52,5% de los más de 19.000 kilómetros relevados por la ex Vialidad Nacional está en mal estado. En Córdoba, el 29% de los siniestros fatales ocurre en rutas nacionales. Frente a estas cifras, no hay lugar para la indiferencia ni para el ajuste ciego.

Los tres siniestros ocurridos durante las vacaciones son elocuentes. En Santa Fe, un micro repleto de pasajeros colisionó con un camión mal incorporado a una calzada sin señalización. En Río Negro, una familia murió al chocar contra otro camión en medio de una tormenta, en una ruta carente de mantenimiento adecuado. En Santa Cruz, una colisión entre un colectivo y un camión dejó cuatro muertos y más de veinte heridos. El denominador común: rutas nacionales en pésimas condiciones y un Estado nacional ausente.

Mientras tanto, los recursos siguen centralizados. Las provincias, sin herramientas ni fondos, reclaman desesperadamente el traspaso de rutas para poder actuar por cuenta propia. Córdoba exige hacerse cargo de la Ruta 19 y completar con fondos propios una autopista demorada. Pero el Gobierno nacional responde con ideología: no habrá obra pública. Ni siquiera ante la emergencia.
La eliminación de Vialidad Nacional no es solo un símbolo del desguace estatal. Es una medida concreta que tendrá consecuencias directas en la vida -y la muerte- de miles de argentinos que transitan las rutas del país. Gobernar también es evitar tragedias. No hacerlo, o negarse a hacerlo por convicciones dogmáticas, es otra forma de abandono.
La tragedia vial de este invierno no es una fatalidad ni un castigo divino. Es la consecuencia previsible de una política que elige ajustar en lo único que no puede tener precio: la vida humana.

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