Venta Canteras del Cerro

Alta Gracia busca frenar la venta ilegal de terrenos fiscales y denunciar a los responsables

El asesor letrado del municipio, Daniel Villar, apuntó contra quienes promueven las ocupaciones irregulares y reclamó una acción política y judicial coordinada para poner fin a lo que definió como un “engaño masivo” a vecinas y vecinos.

 
La Municipalidad de Alta Gracia avanza en una estrategia legal y política para frenar la venta ilegal de terrenos fiscales en la zona de la ex cantera, camino a La Paisanita. Según expresó el asesor letrado Daniel Villar, existe un entramado de personas que “se benefician económicamente” mediante la enajenación irregular de tierras que no les pertenecen, y que incluso han llegado a “atribuirse falsas representaciones del Estado”.

“Sabemos quiénes están vendiendo los lotes. Estamos trabajando en una ordenanza que nos permita tener una herramienta ejecutiva para identificarlos, llevarlos ante la justicia y que se investigue cómo hicieron para vender”, aseguró Villar, en diálogo con el programa Lo Viejo Funciona, que se emite por Siempre Radio 93.3 FM.

El funcionario apuntó directamente contra personas que se presentan como supuestos representantes del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, una afirmación que calificó como falsa y anacrónica. “Ese personaje dice ser custodio del bloque. Tendrá que dar explicaciones ante la justicia”, sostuvo, y denunció que algunos de estos actores también facilitan el acceso a certificados de vivienda “que hoy son un engaño”.

Frente a esta situación, la gestión municipal busca aprobar en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que habilite un ordenamiento territorial integral de la zona. El texto será tratado en comisión y, según Villar, hay voluntad de avanzar en un consenso multipartidario. “Lo importante es lograr una política de Estado que ordene el uso del suelo y deje al descubierto a los oportunistas que se aprovechan de la necesidad”, expresó.

Villar confirmó también que se mantiene contacto con vecinos del sector, así como con legisladores de distintos bloques y organismos técnicos. “El bloque radical nos pidió tiempo para consultar el proyecto y hacer sus aportes. Me parece muy bien, porque si logramos una política común, será una herramienta para dar respuestas reales”, añadió.

Al ser consultado por el rol de ANSES en la entrega de certificados de domicilio, el letrado señaló que se evalúa mantener un canal de diálogo con la delegación local. “Es necesario que tanto los vecinos que ya viven ahí como quienes llegaron más recientemente puedan tener claridad sobre su situación. Pero eso no exime de responsabilidades a quienes promovieron esta ocupación ilegal. Esas personas tendrán que responder ante la justicia”, advirtió.

En otro tramo de la entrevista, Villar cuestionó con dureza al gobierno nacional por su política de ajuste y por lo que definió como “inconsistencias institucionales”. Refiriéndose al reciente revés que sufrió el oficialismo en el Senado, consideró que “el pueblo se está dando cuenta del desastre que estamos viviendo” y aseguró que la clase media “es la principal perjudicada por estas decisiones”.

“El ajuste lo pagamos nosotros, no ellos. Este gobierno criticaba las tomas de tierras, pero ahora los que alientan estas ocupaciones ilegales son parte de su mismo espacio. Tienen el tupé de criticarnos a nosotros, que venimos haciendo política desde el 76, exponiendo el físico, mientras ellos juegan a gobernar”, disparó.

Sobre el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a raíz del tratamiento de la Ley Bases, Villar subrayó que “no corresponde judicializar lo que fue una decisión parlamentaria legítima, con 56 senadores votando en contra”. “Si el presidente veta la ley, convalida la sesión. Y si no, tendrá que enfrentarse a una mayoría calificada que puede rechazar ese veto. Eso es democracia”, concluyó.

El proyecto de ordenanza que impulsa la Municipalidad será tratado en los próximos días. El objetivo central es recuperar la capacidad del Estado local de regular y planificar el uso del territorio, protegiendo a los vecinos y frenando lo que desde el Ejecutivo definen como una “maniobra organizada y deliberada” para explotar un recurso público en beneficio privado.