(SN; Córdoba) La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto a familiares de desaparecidos, la Asociación Civil Foro Solidario Córdoba, la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, presentó una denuncia penal contra las autoridades nacionales y provinciales del PAMI. La acción fue radicada el pasado 30 de septiembre ante la Fiscalía Federal de Turno de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Mabel Edit Cesa y Carlos Hugo Vicente.
La denuncia apunta a Esteban Leguísamo, director nacional de Servicios Sociales del PAMI, y Marcos Patiño Brizuela, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local 3 de Córdoba, por desobediencia y abuso de autoridad, al no garantizar la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados del programa “Vivir Mejor”, que debía otorgar cobertura completa según una medida cautelar emitida por el juez federal de Mendoza el pasado 16 de mayo.
Según explicaron los abogados defensores, el PAMI incumplió sistemáticamente la orden judicial, presentando escritos falsos que indicaban cumplimiento, pero sin efectivizar la entrega de los medicamentos. Esto afectó a un porcentaje importante de afiliados en Córdoba y, en general, a millones de jubilados a nivel nacional, que dependen del acceso gratuito a su tratamiento.
La abogada Mabel Sessa destacó la gravedad de la situación y criticó que el director provincial denunciado se postule como tercero en la lista de candidatos a diputados por La Libertad Avanza, mientras no cumple la medida cautelar en un contexto de alta vulnerabilidad de los adultos mayores.
La denuncia penal se origina a partir de una medida cautelar tramitada en Mendoza, donde se presentó el primer amparo colectivo que buscaba garantizar la provisión de medicamentos del programa “Vivir Mejor” a jubilados y pensionados. Aunque la medida impacta en todo el país, la denuncia se radica en la jurisdicción federal de Mendoza, ya que las acciones similares en otras provincias se vinculan al legajo principal para mantener coherencia judicial.
La jueza mendocina publicó un edicto en el Boletín Oficial para permitir que otros organismos y jurisdicciones se adhieran a la acción, ampliando así la cobertura a jubilados de todo el país, incluida Córdoba
