Con un nuevo decreto que se superpone al Congreso, Javier Milei le otorgó un nuevo poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado, que tendrá actividades bajo el carácter de "encubierto" en asuntos internos, como por ejemplo la detención de ciudadanos y que se superpone al Poder Judicial.
Nacionales02 de enero de 2026
SN
(SN; con información de Página/12) Javier Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser “encubiertas”. Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. “Es una reforma muy regresiva y peligrosa”, denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cuando gran parte de los argentinos y las argentinas estaban pensando en el brindis de Año Nuevo, Javier Milei estaba firmando junto con sus ministros un nuevo DNU que reforma el aparato de inteligencia. No es una estrategia nueva: ya lo había hecho en julio de 2024, cuando hizo que la SIDE resucitara desde las tinieblas.
La remodelación llega menos de un mes después de que el contador Cristian Auguadra escalara hasta la cima del organismo con sede en la calle 25 de Mayo. Su anterior titular, Sergio Neiffert, había salido eyectado después de perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
La SIDE seguirá funcionando como un paraguas. Debajo de ella hay cuatro órganos desconcentrados. Algunos de ellos cambiarán de nombre y funciones. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) –enfocado hacia el exterior– seguirá sin modificaciones. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) dejará de existir con su actual diseño. El Gobierno terminó concediendo que sus funciones se topaban con el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el organismo creado por Patricia Bullrich y que concentra las áreas de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). La ASN pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).
Los mayores cambios estarán en la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que ahora será la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Todas las cuestiones de ciberseguridad quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. Allí se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En lo que parece ser un cambio cosmético, la División Asuntos Internos (DAI) pasará a ser la Inspectoría General de Inteligencia (IGI). Allí era donde reinaba Auguadra hasta su ascenso como Señor Cinco.
El Gobierno también eliminará la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Esto involucra vaciar de poder al Ministerio de Defensa como estructura civil y dejar las cuestiones de inteligencia en manos de las Fuerzas Armadas directamente.
Más allá de los cambios en las estructuras, lo relevante es lo que se habilita en la práctica. Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la inteligencia nacional revisten “carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, dice el DNU 941/2025. Quienes estaban analizando el texto miraban con extrañeza que se usara la palabra “encubierto” y no “secreto”. Durante el macrismo, casi todas las actividades de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tenían carácter secreto.
En línea con el secretismo y posiblemente para perseguir al periodismo, la reforma también habilita la ejecución de tareas de inteligencia ante la “fuga de información clasificada”. No es un dato menor, sobre todo después de la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que derivó en denuncias en distintos fueros porque habilitaría el espionaje sobre distintos colectivos.
Los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia. La SIDE podrá exigir, además, información a todas las agencias del Estado.
Los agentes de la SIDE estarán facultados a aprehender personas, algo que tenían vedado en la Ley 25.520. En un paso más que da el Gobierno por romper los consensos edificados al regreso de la democracia, la reforma habilita a la SIDE a requerir la asistencia o apoyo técnico y/o logístico por parte de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad federales y las fuerzas policiales. Volverán a actuar conjuntamente, una unidad que se buscó fracturar tras la experiencia de la dictadura.
“Es la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”, sostiene Leopoldo Moreau, expresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
El diputado nacional Agustín Rossi, exinterventor de la AFI, coincide con la caracterización. Para Rossi, hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que se presume será una maniobra para perseguir al periodismo. “Es muy grave”, resalta.
El diputado socialista Esteban Paulón le dijo a este diario que la semana entrante presentará un proyecto para derogar el DNU. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, reclamó que Martín Menem y Victoria Villarruel regularicen la situación de la CBI y designen a sus miembros –que serán los encargados de controlar lo que suceda en la SIDE con los cambios. Ferraro escribió en redes sociales que se trata de una “Gestapo para todos y todas”. Christian “Chipi” Castillo (FIT) reclamó la anulación del DNU por parte del Congreso. A su entender, “implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial”.
El CELS viene denunciando las maniobras que favorecen el espionaje ante los tribunales. En 2024, cuestionó en el fuero contencioso administrativo el DNU 614 –que resucitó a la SIDE–. En ese expediente, la gestión libertaria ya había hecho su apuesta a favor del secreto cuando fue a pedir que todo el trámite fuera reservado, algo insólito ya que no se discutían operaciones “encubiertas”. Ahora, avanza en ese sentido con el nuevo DNU.
“Nos parece muy regresiva y peligrosa la reforma del Gobierno”, le dijo a Página/12 Litvachky. “También nos preocupa que durante los últimos dos años la administración haya reformado por DNU con anterioridad el sistema de inteligencia y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad sin que esto fuera discutido por el Congreso. No se sabe qué tipo de control quiere ejercer la CBI frente a la SIDE, mientras que el Poder Judicial se muestra esquivo a ejercer ese contralor. La Corte Suprema, por su parte, no da mensaje alguno sobre la posibilidad de legislar a través de DNU”, concluyó la directora ejecutiva del organismo de derechos humanos.
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