Diputados: Espert pidió licencia, pero no renunció al goce de sueldo

(SN; con información de NA) Este miércoles, el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert pidió hacer uso de licencia en su cargo hasta el 8 de diciembre, aunque seguirá cobrando la dieta porque no solicitó la renuncia al goce de sueldo.

Para que la licencia quede firme, el pleno se la tiene que aceptar en una próxima sesión ordinaria, un formato de sesión que hace mucho se dejó de utilizar.

La licencia del economista libertario se produce en el marco de la imputación por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, escándalo por el cual renunció a la candidatura a diputado nacional de cara a las próximas elecciones legislativas nacionales y también a su cargo como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En la solicitud presentada ante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el legislador manifestó que el cese de actividades será “por motivos particulares”.

Ayer al mediodía, se conoció que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra Espert, por presunto lavado de dinero y con los 200.000 dólares que Espert cobró, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y que, ahora, Estados Unidos le reclama a la Argentina su extradición para que sea juzgado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico.

La denuncia presentada contra el diputado libertario afirma que recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Aunque Espert insiste en su inocencia y denuncia una “operación política”, su futuro inmediato estará marcado por los tribunales y el desenlace de un expediente que amenaza con tener derivaciones políticas imprevisibles.

Mientras tanto, en el entorno del presidente Milei se preparan para el momento en que la Corte Suprema falle y el Ejecutivo deba tomar una decisión final. En juego no solo está la suerte de un empresario acusado de narcotráfico, sino también la credibilidad de un gobierno que prometió transparencia y ejemplaridad.