(Buenos Aires; SN) – El Gobierno sufrió una nueva derrota en el Senado durante la sesión del jueves 6 de agosto. Ante la falta de votos, el oficialismo debió retirar las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego para conseguir la media sanción de su recortado proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa fue aprobada con 37 votos afirmativos y 33 negativos, pero llegó al final del debate sin otro de sus capítulos centrales. El Gobierno pretendía eliminar restricciones que impiden cambiar el destino productivo o inmobiliario de las superficies incendiadas.
La media sanción no significa que el texto aprobado sea favorable. Aunque permanecieron las protecciones ambientales, el proyecto conserva disposiciones que facilitan los desalojos antes de una sentencia definitiva y endurecen las condiciones para que el Estado realice expropiaciones por razones de utilidad pública.
El oficialismo evitó quedarse sin ley, pero debió aceptar otra derrota política para reunir los votos.
El proyecto había llegado al jueves debilitado. El Poder Ejecutivo ya había retirado anteriormente el capítulo destinado a flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, después de la resistencia social y política generada en todo el país.
Durante la sesión apareció un nuevo obstáculo. La oposición pidió que el texto regresara a comisión debido a las sucesivas modificaciones introducidas por el oficialismo y al escaso tiempo disponible para analizarlas.
La moción presentada por José Mayans fue rechazada por 38 votos contra 31. El resultado permitió continuar el debate, pero no garantizó la aprobación de todos los capítulos.
Las negociaciones avanzaron mientras crecía el rechazo a la reforma ambiental. Senadores que habitualmente acompañan al Gobierno anticiparon que no votarían las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Cuando la oposición reunió los votos necesarios para hacer caer el capítulo, el senador oficialista Agustín Coto anunció que sería retirado. La decisión evitó una derrota en la votación particular y permitió a La Libertad Avanza conservar los apoyos para aprobar el resto del proyecto.
La última versión del dictamen proponía derogar los artículos 22 ter y 22 quáter de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
El artículo 22 quáter prohíbe durante 30 años modificar el uso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales afectados por incendios. Durante ese período no pueden desarrollarse emprendimientos inmobiliarios ni actividades agropecuarias diferentes de las realizadas antes del fuego.
El artículo 22 ter permite que las provincias extiendan las restricciones sobre los bosques nativos incendiados, de acuerdo con sus ordenamientos territoriales.
La eliminación de esas disposiciones habría permitido cambiar el destino económico de terrenos arrasados por incendios. El fuego podía transformarse así en la primera etapa de un negocio inmobiliario o productivo.
Al retirar el capítulo, las restricciones continuarán vigentes. También permanecerá el artículo 22 bis, que prohíbe durante 60 años modificar el uso de bosques, humedales y áreas naturales protegidas afectadas por el fuego. Ley de Manejo del Fuego
La caída de la reforma representa una derrota para el Gobierno y una victoria para las organizaciones ambientales y los sectores políticos que denunciaron el riesgo de habilitar negocios sobre tierras incendiadas.
La conservación de las protecciones ambientales no elimina los aspectos perjudiciales del proyecto que obtuvo media sanción.
El texto permite que una persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble solicite su restitución inmediata. Si un juez considera verosímil el planteo durante una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega del bien antes de que exista una sentencia definitiva.
El Gobierno presenta el mecanismo como una respuesta frente a las usurpaciones. La oposición advirtió que también podría utilizarse en conflictos con inquilinos que tienen contratos vigentes y atraviesan dificultades para pagar.
Mariano Recalde cuestionó ese alcance: “Incluyen en los desalojos exprés a los inquilinos con contratos, en un contexto en el que la gente no llega a fin de mes”.
La disposición aparece después de la derogación de la Ley de Alquileres y en un escenario marcado por la pérdida de ingresos y el endeudamiento de las familias. El proyecto fortalece la capacidad de los propietarios para recuperar los inmuebles, pero no incorpora protecciones equivalentes para quienes los habitan.
La media sanción también modifica el régimen de expropiaciones. El proyecto restringe la interpretación del concepto de utilidad pública y eleva las condiciones que deberá cumplir el Estado para intervenir sobre bienes privados.
Las indemnizaciones no contemplarán solamente el valor de la propiedad. También podrán incluir pérdidas económicas atribuidas por el propietario a la expropiación.
La reforma podría dificultar que futuras administraciones recuperen empresas, inmuebles o recursos estratégicos vendidos o privatizados. El endurecimiento del régimen funciona como un blindaje para las decisiones económicas adoptadas por el actual Gobierno.
La sesión se desarrolló mientras organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas protestaban en las inmediaciones del Congreso.
Las fuerzas federales utilizaron gases y carros hidrantes contra los manifestantes. Hubo personas heridas y detenidas, además de trabajadores de prensa afectados durante la cobertura.
La senadora Juliana Di Tullio denunció lo que ocurría fuera del recinto: “El Gobierno se enoja con el pueblo porque el pueblo le torció la mano”.
La represión no consiguió evitar que el rechazo social se reflejara dentro del Senado. La pérdida de aliados obligó al oficialismo a retirar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El balance de la sesión contiene dos resultados diferentes. Las protecciones sobre las tierras incendiadas sobrevivieron y el Gobierno acumuló otra derrota política. Pero el Senado también dio media sanción a una ley que facilita desalojos y limita la capacidad del Estado para realizar expropiaciones.
Milei no consiguió todo lo que buscaba. Lo que consiguió, sin embargo, continúa representando un avance sobre los derechos de inquilinos y sobre las herramientas públicas para recuperar bienes de interés general.
