(SN; con información de Página/12) La Justicia laboral le puso un límite al silencio del Gobierno. El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano que explique por qué hace más de seis meses no se convoca al Consejo del Salario, el ámbito tripartito donde Estado, sindicatos y empresarios deben fijar el salario mínimo, vital y móvil.
El pedido judicial no es menor. La ley exige reuniones cada dos meses, y la última fue antes del invierno. Desde entonces, la ministra Sandra Pettovello --una de las funcionarias más blindadas del gabinete de Javier Milei-- optó por evitar un debate incómodo para el gobierno, mientras la inflación y la caída del poder adquisitivo golpean los ingresos más bajos.
Las CTA piden diálogo y respeto a la ley
La acción fue impulsada por las dos CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky. Ambos denunciaron que el Gobierno vulnera convenios internacionales de la OIT y el propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un salario digno y a la negociación colectiva.
“El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, advirtió Yasky. El reclamo apunta a que se restablezca el diálogo social y se actualicen los montos del salario mínimo conforme a los parámetros legales, hoy desfasados frente al costo de vida.
Bajo la lupa judicial
La resolución judicial obliga a Pettovello a responder en un plazo de tres días. No se trata solo de una formalidad; la Justicia pone así en cuestión la estrategia del Gobierno de congelar los espacios institucionales de discusión salarial.
